El fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia establece que el Estado debe otorgar una reparación integral a la víctima. El tribunal resolvió que los hechos no están prescritos y que corresponde una reparación conforme a los compromisos internacionales de Chile en materia de derechos humanos.
Un fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó que el Estado de Chile deberá indemnizar a una víctima de detención ilegal y tortura cometida durante los primeros meses del régimen militar.
El caso se refiere a Jorge Luis Heinsohn Huala, quien fue arrestado en septiembre de 1973, cuando tenía 18 años, y trasladado a recintos de detención en las comunas de La Unión y Valdivia.
Según los antecedentes judiciales, durante ese período fue víctima de apremios ilegítimos por parte de agentes del Estado, los que le dejaron secuelas físicas y psicológicas permanentes.
La sentencia ratificada este domingo por el tribunal de alzada valida el fallo emitido en marzo por el Segundo Juzgado Civil de Valdivia, que ordenó al fisco pagar una indemnización de $70 millones en concepto de daño moral.
El Estado había presentado una apelación argumentando prescripción de la acción y pagos previos, pero ambas tesis fueron desestimadas por los jueces.
En su resolución, en tanto, la Corte subrayó que corresponde una compensación adecuada frente a violaciones de derechos fundamentales, de acuerdo con los tratados internacionales suscritos por el Estado chileno.
El tribunal también reconoció el impacto persistente que tuvo la experiencia de detención y tortura en la salud de Heinsohn, señalando que aún presenta secuelas físicas y psicológicas atribuibles a los hechos.
En particular, se citó el principio de reparación integral contenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.