Reportaje especial de CNN Chile en el marco de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado.
Dos días después del golpe de Estado, el Poder Judicial era el único poder que no fue disuelto por la Junta Militar. Su presidente, Enrique Urrutia Manzano, quien entregó la banda presidencial a Augusto Pinochet en 1974, manifestó su más íntima complacencia con el nuevo Gobierno al no determinar el término momentáneo de los Tribunales.
El actuar del Poder Judicial estuvo bajo la mirada de Augusto Pinochet. Con el pasar de los días las detenciones a personas continuaron, y comenzaron las dudas de estos procedimientos y son los familiares de detenidos o de ejecutados políticos los que acudieron a la iglesia a pedir ayuda.
En los ’80 el ambiente polarizado, por cierto, hacía aún más complicada la llegada de la justicia. El contexto social ya no aguanta la dictadura y se manifestó con un “No” en las urnas durante el plebiscito de 1988.
Dos años más tarde, Patricio Aylwin fue el encargado de asumir la presidencia en democracia. Y en marzo de 1991, se da el primer paso para comenzar a conocer detalles de los delitos cometidos por agentes de organismos represivos de la dictadura durante 17 años. El informe Rettig representaba el primer hito para conocer la verdad.
Lo cierto es que la omisión de la justicia fue tema durante las últimas semanas sobre todo porque es el único poder no disuelto en dictadura y que en democracia no había pedido perdón. Previo al último pleno de la Corte Suprema, su vocero, el ministro Hugo Dolmetch aceptó que el Poder Judicial apoyó al Golpe Militar.
Durante los últimos años el Poder Judicial nombró ministros con dedicación exclusiva, con el objetivo de acelerar la investigación de las causas. Un decisión aplaudida por los familiares de las víctimas de la dictadura, quienes aseguran que “si pasa demasiado tiempo, la justicia ya no es tal”.
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