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Chile: el rechazo al Acuerdo de Escazú acaba con la aspiración de liderazgo ambiental es el título del artículo publicado por el medio DW sobre la decisión del Gobierno de no firmar el tratado medioambiental internacional.
La nota resalta la “gran contradicción” que significa que haya sido justamente el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera el “principal impulsor y negociador” para elaborar el pacto. Además, recuerda que el país está suscrito al Acuerdo de París y presidió la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25) que se realizó en Madrid.
DW rescata las apreciaciones de especialistas, como la experta en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Paulina Astroza, quien criticó que “Chile pierde credibilidad al no firmar este acuerdo”. La misma afirma que “no firmar Escazú es una incoherencia”.
Uno de los principales argumentos del Gobierno por las que no se firmó el Acuerdo de Escazú es que podría interferir en la soberanía y jurisprudencia nacional, algo que es descartado por el ex ministro de Medio Ambiente de Michelle Bachelet, Marcelo Mena, quien afirmó que “el tema de la soberanía es una exageración”.
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“Todo tratado significa que uno se somete a reglas que se abordan y se acuerdan en común. Eso se hace con tratados de libre comercio o de otra naturaleza”, explicó, agregando que “el liderazgo que Chile tenía se resigna cuando el país se retira del Acuerdo de Escazú”.
“Yo preferiría que este tema se aborde en el proceso constituyente y elijamos un gobierno que sí ratifique este acuerdo. Este acuerdo no lo va a firmar este Gobierno y, por lo tanto, no hay que pedirle peras al olmo”, añadió Mena.
Por su parte, la representante para el Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll, Ingrid Wehr -ligada al partido alemán Los Verdes-, dijo al medio que “desde el mundo ambiental se sospecha que este bloqueo llega realmente desde la presidencia y tiene que ver con el hecho de que hay intereses privados poderosos de empresas extractivistas que están imponiendo su agenda económica en contra de la agenda medioambiental y de Derechos Humanos. De otra manera no se explica. Ninguno de los argumentos que escuchamos desde 2018 tiene algún fundamento sólido”.
El artículo concluye indicando que el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe “no contará con la firma de su principal impulsor”.
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