Pese a los cuestionamientos y giros forzados en su administración, como la militarización temprana de la zona, el Ejecutivo logró reducir en un 70% los hechos de violencia rural desde 2021. Sin embargo, los compromisos estructurales con los pueblos indígenas —como la creación de una nueva institucionalidad y el reconocimiento de la plurinacionalidad— siguen sin avanzar en el Congreso, abriendo dudas sobre el legado real que dejará este Gobierno.
A días de su última Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric presentó los resultados de una de las apuestas más complejas y estructurales de su administración: una estrategia para abordar el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche que combinó seguridad, restitución de tierras y diálogo político.
La ruta no estuvo exenta de giros, controversias ni tensiones internas, pero dejó trazadas varias hojas de ruta que podrían marcar el futuro de la relación del Estado chileno con los pueblos indígenas.
Cuatro días después de asumir el poder, el 15 de marzo de 2022, el Gobierno enfrentó su primera gran prueba: la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, fue repelida a balazos cuando intentaba ingresar a Temucuicui, una congregación de comunidades mapuche históricamente conflictiva.
Ese mismo mes, pese a que Boric había prometido durante su campaña no recurrir a la militarización de La Araucanía, se vio obligado a decretar un estado de excepción constitucional para enfrentar una creciente ola de violencia en rutas y caminos del sur. Una medida que sigue rigiendo hasta hoy.
La decisión, celebrada por sectores de derecha y criticada por organizaciones de derechos humanos y comunidades mapuche, fue leída por muchos como el fin prematuro de la estrategia política de la nueva izquierda en la zona. Sin embargo, el Gobierno no se replegó.
Consciente de que el estado de emergencia no era una solución de largo plazo, La Moneda lanzó el Plan Buen Vivir, una política pública enfocada en el diálogo directo con comunidades indígenas y en la inversión sostenida en territorios históricamente rezagados.
Este plan contempló un despliegue permanente de funcionarios en terreno, y una proyección de inversión de tres billones de pesos en diez años.
Por otro lado, en septiembre de 2023 la Sala de la Cámara aprobó en tercer trámite un proyecto de ley que permite incorporar al pueblo Selk’nam entre las etnias indígenas reconocidas por el Estado.
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En paralelo, el Ejecutivo instaló la Comisión para la Paz y el Entendimiento, presidida por figuras transversales como Alfredo Moreno (exministro de Piñera) y Francisco Huenchumilla (exintendente de La Araucanía y figura histórica de la DC).
El objetivo: proponer una solución política y técnica a la restitución de tierras y al reconocimiento de los pueblos indígenas.
La elección de los copresidentes no fue casual; ambos habían encabezado intentos anteriores de reforma profunda que fueron bloqueados por el poder político o la falta de consenso.
Esta vez, bajo el alero de Boric, lograron reunir más de 5.000 testimonios de víctimas, representantes mapuche, gremios y autoridades locales.
El 27 de abril de 2024, tres carabineros son emboscados y asesinados cuando acudían al control de arresto domiciliario de un imputado al sur de la comuna de Cañete, Región del Biobío.
El hecho generó críticas transversales, causando que diversas figuras políticas y autoridades exigieran al Gobierno medidas concretas para prevenir la violencia y crímenes contra funcionarios policiales.
“No tengo registro en mi historia de 38 años de servicio de la muerte de un carabinero -y no uno, tres asesinados de forma cruel- el día de nuestro aniversario. Esto no fue casual, esto no fue al azar”.
Con esas palabras reaccionó el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, al llegar hasta la zona en donde ocurrieron los hechos, en donde enfatizó: “No puedo estar más dolido, más triste, con rabia, una rabia profunda. ¿Por qué nos matan? ¿Por qué nos siguen persiguiendo? ¿Por qué nos siguen atacando? ¿Por qué nos siguen generando tanto daño? Si solo lo que hacemos es tratar de contribuir a la paz de este país”.
Tras esto, el Gobierno combinó diálogo e inversión con una estrategia de seguridad más activa.
Se aprobaron leyes como la de robo de madera, se creó el Ministerio de Seguridad y se instalaron bases militares en zonas críticas como Traiguén, donde tras un atentado incendiario se decidió ubicar la séptima instalación militar avanzada en la macrozona sur.
Aunque algunos sectores acusaron una contradicción entre el enfoque militar y el discurso de paz, el Gobierno defendió su postura, asegurando que la protección de rutas y servicios básicos no excluye la búsqueda de una solución estructural.
El resultado: Según un informe del Ejecutivo citado en el Senado, los hechos de violencia rural disminuyeron en un 70% entre 2021 y 2024, pese a que el año final de la administración Piñera había sido el más violento en la zona, con más de 1.600 eventos registrados.
Este descenso se ha registrado en todas las regiones de la Macrozona Sur:
Además, se han reportado caídas significativas en delitos específicos:
El 6 de mayo de este año, la Comisión entregó su informe final. Este documento contiene 21 recomendaciones clave, entre ellas:
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En su intervención del 23 de mayo, Boric definió el informe como un “aporte histórico” que deberá ser continuado por futuras administraciones.
“Este no es un proyecto de Gobierno, sino del Estado con mayúscula”, afirmó, mostrando una copia del Tratado de Tapihue de 1823, documento histórico que estableció los primeros acuerdos entre Chile y el pueblo mapuche.
En ese contexto, el mandatario hizo un llamado explícito a la unidad: “Convoco a todos los poderes del Estado, a las comunidades, a las empresas y a la sociedad civil a no dejar pasar esta oportunidad”.
El futuro de esta estrategia está lejos de estar garantizado. Mientras sectores del oficialismo defienden los avances como un punto de inflexión en la política indígena chilena, figuras de la derecha han sido abiertamente críticas.
Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, llegó a sugerir la aplicación del código de justicia militar y el estado de sitio.
La continuidad del proceso, por tanto, dependerá en gran medida de los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025.
Desde La Moneda lo tienen claro: la paz duradera en el sur no se resolverá solo con leyes o con tanques, sino con un consenso político que logre cruzar gobiernos y generaciones.
Según la plataforma Del Dicho al Hecho, el mandatario realizó 4 propuestas específicas en torno al tema:
Ahora bien, ninguna de estas propuestas registran proyectos de ley asociados presentados por el Gobierno o su coalición al Congreso.
Es decir, todas estas promesas tiene 0% de avance por parte del Ejecutivo.
El resultado refleja la confianza de los acreedores de Plataforma Multimedia Chile Limitada en la viabilidad del plan, permitiendo la continuidad de la señal con un plan que apunta a mantener la operación de un medio de comunicación que se ubica entre los más confiables de Chile.
