Esta jornada, las parlamentarias oficialistas, Gael Yeomans, Francisca Bello y Emilia Schneider, junto a organizaciones feministas, solicitaron al Ministerio Público que se transparenten las cifras sobre denuncias de violencia política sexual en el marco del estallido social. A través de una carta, pidieron que se investigue y sancione a los responsables de estos delitos.

Cabe señalar que en su discurso por el tercer aniversario del 18 de octubre, el presidente Boric señaló que, como sociedad “no podemos olvidar que el estallido social fue doloroso desde el punto de vista de los derechos humanos”.

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Del mismo modo, reiteró que “como Estado debemos asumir el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable: hubo muertos, abusos sexuales y mutilaciones oculares que no pueden quedar impunes y no se pueden volver a repetir”.

Sus declaraciones fueron cuestionadas por la oposición e incluso diputadas de la bancada UDI, oficiaron al Ministerio Público y al Poder Judicial con el fin de corroborar las declaraciones que realizó el jefe de Estado.

En esa línea, el fiscal nacional (s) Juan Agustín Meléndez reveló que el Ministerio Público maneja cerca de 300 causas por abuso sexual durante el estallido social,  y una sentencia condenatoria.

Al respecto, la diputada Yeomans (CS) manifestó que: “Cuando hablamos de denuncias con carácter de connotación sexual, estamos hablando de desnudamientos forzosos, de abusos y de distintos delitos que fueron cometidos por parte de la autoridad del Estado y que fueron además presentadas en su oportunidad como denuncias hacia la institucionalidad, por lo mismo creemos que hay que hacer seguimiento de esas denuncias. No se puede borrar de un portazo lo que ocurrió en el país durante el estallido social”.

“Si bien sabemos que el contexto de estos delitos por su naturaleza de connotación sexual son difíciles de probar porque se suele poner la palabra de la víctima junto a la del victimario, muchos de estos casos pasan en contextos donde no hay testigos, por eso es muy importante perseverar en cuántas denuncias se llevaron a cabo y cuáles no, porque creemos que no va en la línea correcta insinuar que no hubo violencia sexual policial, esa impunidad no la podemos permitir ni amparar. Debemos frenar el negacionismo”, añadió la diputada Francisca Bello, integrante de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género del Congreso.

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Por su parte, la diputada Emilia Schneider (Comunes) puntualizó que “es inaceptable que diputados de oposición nieguen la violencia de género, nieguen los delitos antes de que los procesos lleguen a su fin. Queremos decirle a las víctimas que no están solas, que no vamos a permitir que en nuestro país haya impunidad ante la violencia política sexual que ocurrió durante el estallido social. (…) Esperamos que los datos que nos pueda proporcionar el Ministerio Público sirvan para agilizar estos procesos y que Fiscalía investigue y haga su trabajo como corresponde, presentando las querellas para que todos estos procesos se lleven adelante con perspectiva de género”, agregó.

Sobre lo mismo, Rodrigo Mallea de Disidencias en Red se refirió a la violencia dirigida hacia la comunidad LGBTIQ+: “Le quiero informar a la derecha negacionista que según los informes que levantamos organizaciones sociales LGBT+ hay más de 62 casos de violencia político sexual contra las disidencias sexuales, según está consignado en el Informe de Violencia Policial hacia Cuerpas Disidentes y son casos de un tenor bastante graves. Estamos hablando de tortura sexual, en que a personas las golpearon despiadadamente, en que a personas le gritaron maricón y eso no lo va a borrar una declaración ni muchas declaraciones de diputados de la derecha”.

Finalmente, Romina Fuentealba de la Asociación Yo Cuido envió un mensaje a las víctimas y sobrevivientes de violencia política sexual: “Aquí estamos solas desde las organizaciones sociales trabajando por la corresponsabilidad del Estado y decirles que no están solas para tener un país que nos cuide realmente a todas y cada una de nosotras”.

En la cita participó la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), la Red de Periodistas Feministas (RedPerioFem), el Frente Feminista de Convergencia Social y Comunes, la Agrupación de Feministas Distrito 13, la Asociación Yo Cuido, la Red de Psicólogas Feministas de la Universidad de Chile y la Corporación Humanas.

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