Pese a irregularidades como licencias médicas usadas para viajar al extranjero, el aparato estatal enfrenta múltiples barreras legales, gremiales y culturales que dificultan la desvinculación. Contraloría puede recurrir a juicios de cuentas para recuperar recursos.
El reciente informe de la Contraloría General de la República que detectó a 25.078 funcionarios públicos que viajaron fuera del país mientras estaban con licencia médica ha vuelto a poner en debate una pregunta clave:
¿Por qué es tan difícil despedir a funcionarios públicos en Chile, incluso cuando cometen faltas graves?
Aunque el Estatuto Administrativo (Ley 18.834) contempla sanciones como la censura, multas, suspensión del cargo o la destitución, en la práctica, el despido en el sector público es una medida excepcional y extremadamente difícil de aplicar.
Uno de los principales obstáculos es el principio de “estabilidad en el empleo”, consagrado en la normativa, que ha sido interpretado como una protección casi absoluta incluso para quienes incurren en actos reñidos con la ética o la legalidad.
En entrevista con Las Últimas Noticias, el abogado Rodrigo Espinoza, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, explicó que los sumarios administrativos —requisito para sancionar a un funcionario— pueden extenderse por más de un año y exigen pruebas contundentes.
Si alguno de los pasos del proceso no se cumple de forma rigurosa —como la toma de declaraciones, la revisión de documentos o la formulación formal de cargos—, la sanción puede ser revertida por tribunales.
“Sacar a un funcionario sin evidencia sólida sería un error procedimentalmente costoso para el Estado”, advirtió.
A esto se suma el poder de las asociaciones gremiales, que muchas veces intervienen activamente para proteger a sus afiliados.
Según señaló el académico Hugo Jofré, de la Universidad de Santiago, también citado por LUN, los gremios “no solo negocian condiciones laborales, también presionan para evitar sanciones disciplinarias, incluso cuando hay irregularidades evidentes”.
En casos donde existe daño al patrimonio fiscal, la Contraloría puede recurrir al llamado juicio de cuentas, un procedimiento que permite exigir que el funcionario restituya los recursos públicos mal utilizados.
Sin embargo, este proceso es independiente del sumario y no implica necesariamente la desvinculación inmediata del cargo.
El resultado refleja la confianza de los acreedores de Plataforma Multimedia Chile Limitada en la viabilidad del plan, permitiendo la continuidad de la señal con un plan que apunta a mantener la operación de un medio de comunicación que se ubica entre los más confiables de Chile.
