Hasta La Moneda llegó la mañana de este lunes el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, acompañado de un grupo de parlamentarios de la colectividad, para entregar una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera en la que le solicitan formalmente la caducidad de la concesión de la empresa Essal, luego del extenso corte de agua que sufrió la ciudad de Osorno.
“Venimos en solicitar al Sr. Presidente de la República para que, en ejercicio de la potestad legal con que cuenta en el artículo 26 del D.F.L. Nº 382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios, se sirva decretar la caducidad de la concesión que la empresa ESSAL S.A. tiene respecto del servicio sanitario en la comuna de Osorno”, dice el documento.
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“Resulta evidente que la empresa no ha cumplido, en la prestación del servicio público de distribución de agua potable, con las exigencias establecidas en la Ley General de Servicios Sanitarios y sus reglamentos, así como tampoco con las condiciones establecidas en el decreto de concesión respectivo”, continúa.
Luego de entregar el texto, Chahín explicó que la razón de la solicitud es que consideran que “otras sanciones van a ser insuficientes”, y que “estamos exigiendo la caducidad de la concesión de Essal pero además que se indemnice por el daño moral de todos los estudiantes de Osorno”.
Del mismo modo, agregó que desde su bancada de parlamentarios buscarán sancionar “las responsabilidades políticas de parte del gobierno, que por muchos días se dedicó a ser prácticamente el vocero de la empresa”.
En la misma línea criticaron que el Ejecutivo “desoyó los pedidos del alcalde de la comuna de declarar zona de catástrofe, eso no se hizo y nos parece inexplicable, ya que hubiera permitido atender con mayor prontitud las necesidades de los habitantes de la comuna”.
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En el documento entregado durante esta mañana, desde la DC además agregan que “le pedimos al gobierno que otorgue suma urgencia a la tramitación del proyecto de delitos ambientales de que actualmente conoce el Senado, y que se consideren expresamente normas de atribución de responsabilidad penal para los directivos de las empresas que cometan ese tipo de delitos”.
Esto “para evitar que sigan sucediendo graves e inexcusables negligencias como la ocurrida en Osorno y el río Rahue, y la contaminación que empresas realizan a diario en diversas zonas de sacrificio a lo largo de Chile”.
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