Una violenta noche vivieron nuevamente habitantes de las comunas de Curanilahue, Tirúa y Victoria, todas correspondientes a la macrozona sur. Aunque el gobierno atribuye los ataques a una reacción a los primeros resultados de su estrategia preventiva, la Corte Suprema ordenó a los delegados presidenciales de Biobío y La Araucanía coordinar acciones para prevenir los hechos de violencia.
Al menos cuatro ataques han ocurrido en la zona las últimas horas, uno de ellos registrado en Curanilahue por un automovilista que capturó un gran incendio a camiones. Por otro lado, en Tirúa encapuchados dispararon contra un retén de Carabineros.
“Todo esto parece ser que se está produciendo en el marco de las detenciones que se han estado efectuando por parte de Carabineros, en el caso del hurto de madera”, ha sido la hipótesis que baraja el Ejecutivo para explicar las presuntas motivaciones que hay detrás de estos últimos ataques, porque el hurto de madera se ha convertido en un delito frecuente en la zona.
Un registro visual da cuenta del modus operandi de bandas que a plena luz del día utilizan desde camiones hasta maquinaria de carga para cometer los delitos, que serían solo el comienzo de otros ilícitos.
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En la ruta de Victoria y Curacautín, cinco cabañas fueron quemadas. Individuos pertenecientes al autodenominado Movimiento Resistencia Mapuche Malleco ingresaron al recinto portando armas y amenazaron con estas a los residentes.
Las situaciones no son nuevas en la zona. Según cifras entregadas por la Multigremial de La Araucanía, que reúne a dueños de camiones, como a empresas y gremios de la madera, agrícolas, pesqueros, industriales, del comercio y turismo, los hechos de violencia en la denominada macrozona sur habrían aumentado un 146% desde el fin del estado de excepción, el pasado 26 de marzo.
El alcalde de Victoria, Javier Jaramillo, manifestó que “este gobierno ha puesto el diálogo como una fuente fundamental para resolver los problemas, pero el diálogo es solo un instrumento“.
La Corte Suprema, por su parte, catalogó de arbitrario e insuficiente el actuar de los delegados presidenciales de La Araucanía y Biobío, tras acoger un recurso de protección presentado por gremios y trabajadores víctimas de la violencia en el territorio.
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Así, el máximo tribunal mandató que “las autoridades recurridas deberán, en un breve plazo, previa coordinación con las carteras ministeriales correspondientes, implementar un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral de las personas o grupos sociales que han visto amagados sus derechos”.
Este miércoles, el diputado por La Araucanía, Henry Leal (UDI), sostuvo que “recién en la comisión de seguridad he pedido que invitemos a ambos delegados para que expliquen de qué manera van a cumplir este fallo de la excelentísima Corte Suprema”, agregando que “no descartamos una acusación constitucional en contra de estas autoridades provinciales”.
Finalmente, Daniela Dresdner, delegada presidencial del Biobío, indicó sobre el estado de excepción que “este es un recurso del año 2021, bajo una administración distinta y bajo políticas de acercarse a este problema de manera distinta”.
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