AGENCIA UNO

La Contraloría General de la República (CGR) inició sumarios administrativos en el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) tras detectar retrasos, falta de seguridad, deficiencia tecnológica, además de la pérdida de información como consecuencia de una falla ocurrida en 2021.

Lo detectado

La entidad dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública fue sometida a una auditoria por parte del ente regulador, cuyo informe dio cuenta sobre la existencia de retrasos de hasta 990 días en el procesamiento de solicitudes de residencia temporal y permanente, “lo que indica una falta de eficiencia en el servicio”, sostuvo.

Además, se identificaron deficiencias en la política de seguridad de la información y debilidades en los sistemas informáticos utilizados por el servicio.

También se informó de una falla en el sistema en octubre de 2021, la cual resultó con la pérdida de información de algunos solicitantes.

“Lo anterior trae como consecuencia que existirían migrantes que ingresaron solicitudes entre esas fechas (12 de agosto y 25 de octubre del año 2021), los cuales desconocen que estaría perdida su postulación, situación que vulnera los principios de eficiencia y control consagrados en el artículo 3°, inciso segundo de la ley N° 18.575, y en el artículo 5° del mismo cuerpo legal. Por lo que el Sermig, deberá continuar con la detección de las pérdidas y la regularización de la información, acreditando documentadamente el avance de dichas acciones en el citado plazo de 60 días hábiles”, indicó Contraloría.

“Sin perjuicio de ello, en atención a lo expuesto, y conforme a lo señalado en el oficio N° 334607, de 2023, esta Contraloría General continuará con el proceso sumarial iniciado por la Subsecretaría del Interior, por medio de la resolución exenta N° 7.053, de 5 de noviembre de 2021”, estableció.

Esto, en conformidad a las facultades establecidas en la Ley 10.336, y el artículo 4° de la resolución 510, de 2013, Reglamento de Sumarios de esta Entidad de Control, “que establece que se podrá disponer la acumulación de un procedimiento disciplinario incoado por un servicio público, o por cualquier entidad sujeta a fiscalización, si por cualquier motivo la tramitación de este se refiera a hechos materia de su investigación, a fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas que pudieran estar comprometidas”.

Puedes revisar el informe de Contraloría haciendo click aquí.

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