Foto: Agencia Uno

Este miércoles a las 15 horas, el contralor Jorge Bermúdez asistirá a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para explicar ante los parlamentarios por qué despidió a tres funcionarios, quienes denunciaron una serie de irregularidades al interior de la institución para calcular y fiscalizar el déficit contable de los municipios.

Se trata del jefe de la División de Análisis Contable, Patricio Barra, y sus dos subjefes, Pablo Soto e Ignacio Tapia, quienes en febrero pasado se reunieron con Bermúdez y le explicaron que los auditores no estaban utilizando una única fórmula contable para hacer cálculos de déficit y superávit, por lo que al no tener unidad de criterios se habría llegado a resultados completamente dispares en distintas comunas. 

De este modo, de las explicaciones que Bermúdez entregue hoy y de las impresiones que genere en los parlamentarios va a depender la posibilidad de convocar una comisión investigadora para el caso.

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A través de un comunicado, ayer Contraloría descartó que se tratara de represalias, y previamente se había indicado con respecto a los tres funcionarios que “no se presentó ni formalizó ningún tipo de denuncia que diera cuenta de eventuales irregularidades en el trabajo de los equipos de auditoría”.

Además, el organismo fiscalizador señaló que “la Contraloría ratifica que ha aplicado la metodología que establece la normativa para calcular el déficit y superávit en todos los municipios del país sin distinción, descartando que existan varas distintas en la labor de auditoría a los municipios”.

Los funcionarios fueron comunicados de la decisión el viernes pasado, sin embargo, Barra se mantuvo en su puesto hasta el lunes pasado, por lo que este miércoles se debía notificar su vacancia, luego de las 48 horas hábiles que exige la norma.

Luego de eso, el jefe de la División de Análisis Contable quedaría en condiciones de recurrir a la justicia para oponerse al despido, tal como había anunciado. “Voy a esperar que se me notifique la vacancia de mi cargo, es decir, sigo en funciones hasta que eso ocurra, y luego demandaré en tribunales mis garantías constitucionales”, dijo.

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