El gobernador de la Región Metropolitana, al ser consultado por el proceso judicial que enfrenta a raíz de los informes de la Contraloría sobre presunto gasto electoral y rendiciones incompletas, sostuvo que abordará estos temas cuando corresponda. Además, enfatizó que lo importante en esta jornada es la participación de la ciudadanía en las primarias.
En el marco de las primarias del oficialismo, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, emitió su voto en la comuna de Peñalolén, específicamente en la Escuela Miravalle, habilitada como local de votación.
Sobre la jornada, en la que uno de los precandidatos, Gonzalo Winter (Frente Amplio), Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social), Carolina Tohá (Socialismo Democrático) o Jeannette Jara (Partido Comunista y Acción Humanista), será electo para representar al progresismo en la carrera presidencial frente a la oposición, Orrego valoró el desarrollo del proceso.
“Como siempre, la ciudadanía ha respondido como corresponde en un día de elecciones: con tranquilidad y respeto. Se constituyó el 100 % de las mesas. Creo que fue una acertada decisión del Servicio Electoral de Chile (Servel) fusionar muchas mesas, porque obviamente no es la misma afluencia que en un día de elecciones obligatorias”, comentó.
En esa línea, enfatizó la importancia de la participación ciudadana y llamó a esperar los resultados con calma en sus respectivos hogares.
“Hoy día es la ciudadanía la que habla, no los comandos ni los partidarios”, subrayó. Añadió que cualquier participación superior a un millón trescientas mil personas sería considerada positiva, y que si se llegara a los dos millones, sería “una participación bastante significativa”.
“Pero es muy temprano para decirlo, porque como las mesas están muy fusionadas y esto es voluntario, no vamos a tener un resultado hasta que el Servel emita su pronunciamiento”, explicó.
Consultado por la prensa sobre el proceso judicial que enfrenta, tras los informes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR) y los cuestionamientos al Consejo Regional Metropolitano, Orrego respondió: “Yo ya me referí a ese tema y me voy a referir cuando corresponda, pero hoy día no es el día”.
Los informes de Contraloría
La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer una serie de observaciones tras fiscalizar los gastos realizados por una entidad pública durante 2024, entre los que se incluye el pago de $31.366.179 por el “Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024”.
Sin embargo, al revisar el contenido de las sesiones, la Contraloría constató que estas no estaban relacionadas con actividades de coaching, como indicaba la descripción original del servicio. Por el contrario, los encuentros abordaban temáticas vinculadas a la contingencia política y a la campaña de reelección del gobernador regional, lo que no corresponde al objeto contratado.
El informe también detectó irregularidades en la adquisición de bienes y servicios de consumo mediante trato directo, por un monto total de $51.753.665, sin que se acreditara el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.
Otro punto observado fue la contratación de la empresa IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A. Agencia en Chile por $46.154.150, sin que se aportaran antecedentes que demostraran el cumplimiento efectivo de las condiciones estipuladas en el contrato.
A esto se suma la contratación directa de AJEM Asesores y Consultores Limitada por un monto de $109.302.180, también sin acreditar que el proveedor cumpliera con los requisitos de idoneidad técnica requeridos por ley.
En un segundo informe, la Contraloría identificó diversas irregularidades en los traspasos de recursos desde la gobernación hacia la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo, una organización sin fines de lucro asociada a la misma entidad.
Entre los hallazgos más graves, se encuentran rendiciones de cuentas duplicadas o incluso triplicadas, por un total de $1.848 millones, lo que significa que algunas facturas fueron reutilizadas más de una vez para justificar gastos durante la ejecución presupuestaria de 2023.
Además, el ente contralor reportó rendiciones incompletas por un total de $857 millones, debido a la ausencia de documentación de respaldo exigida por ley, como boletas, facturas o comprobantes de los gastos declarados.
Uno de los casos más llamativos del informe corresponde a una factura que debía ser por $476.000, pero que fue presentada por $49 millones, es decir, un valor casi 100 veces mayor al original.