SII anuncia medidas de alivio tributario para personas afectadas por incendios forestales en Ñuble y Biobío
Las medidas van dirigidas para contribuyentes de 16 comunas de las regiones de Ñuble y Biobío.
Tras la formalización, Crespo calificó las acciones del Ministerio Público como parte de una "persecución penal" en su contra, subrayando que en el momento del incidente había más de 20 carabineros con escopetas antimotines. Además, cuestionó las medidas cautelares, insistiendo en que no conoce a la víctima.
Este martes, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago llevó a cabo una nueva formalización contra el excomandante de Carabineros, Claudio Crespo, por presuntos apremios ilegítimos ocurridos durante las manifestaciones del estallido social, el 23 de octubre de 2019.
La formalización responde a una querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en 2021, que señala que Crespo habría disparado una escopeta antimotines a corta distancia contra M.Z.E, un ingeniero de 32 años que pasaba por Plaza Italia mientras regresaba a su hogar.
Durante la audiencia, se dictaron medidas cautelares contra Crespo, las cuales incluyen arraigo nacional, la prohibición de portar armas y la prohibición de acercarse a la víctima.
Tras la formalización, Crespo calificó estas acciones como parte de una persecución penal en su contra.
En declaraciones a la prensa, aseguró que la medida tomada por la Fiscalía era injustificada y desproporcionada, argumentando que en la jornada en cuestión, en la que él era el jefe de servicio, había más de 20 carabineros con escopetas antimotines, no solo él como comandante.
“Lo que se me imputa está claramente fuera de la realidad“, afirmó Crespo.
Además, el exuniformado criticó al Ministerio Público, indicando que las investigaciones se basan en un “adoctrinamiento” contra Carabineros, y lamentó que, después de cinco años de los hechos, se le imputaran nuevas causas.
“Después de cinco años de los hechos, que me vengan a imputar dos causas nuevas, yo creo que es una persecución“, destacó.
“Esto lo llamo una persecución”, subrayó Crespo, quien rechazó las medidas cautelares como “innecesarias” e injustas, ya que no conoce a la víctima involucrada.
Las medidas van dirigidas para contribuyentes de 16 comunas de las regiones de Ñuble y Biobío.