A unos 4 mil 200 metros de altura sobre el nivel del mar, en la alta cumbre de la cordillera de Los Andes, la capa de nieve llega casi hasta la cintura. El sol pega y encandila, regulando la helada temperatura que llega sólo a los 4 grados. Para llegar aquí hay que hacerlo en helicóptero. Arriba, la Dirección General de Aguas (DGA) monitorea uno de los glaciares más importantes de la zona central metropolitana: el Olivares.
“Hacia el final del verano, y sobretodo en años muy secos, (los glaciares) tienen una relevancia muy alta en el sentido que son estas reservas naturales de agua congelada que se derriten y pueden aportar aproximadamente el 60 hasta 65 por ciento del agua que llega al valle central“, explica Gino Casassa, jefe de la Unidad de Glaciología y Nieves de la DGA.
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Este glaciar, es uno de los 24.114 catastrados en total en Chile. Su importancia se traduce no sólo en la biodiversidad y el ecosistema que rodea a estos cuerpos de hielo, sino también en una fuente importante de agua cuando la escasez hídrica y la falta de lluvias lleguen, según se pronostica.
Francisc Lambert, climatólogo y académico de la Universidad Católica, cuenta que “para los próximos 50 a 100 años vamos a tener entre 10, 20 a 30 por ciento menos de precipitaciones que hoy, entonces sabemos que en el futuro tenemos que adaptarnos con menos agua“.
Más glaciares, pero sin protección
Chile concentra el 82% de la totalidad de glaciares que existen en toda Sudamérica. En nuestro territorio nacional se encuentra una de las mayores reservas de agua congelada del mundo. Sin embargo, también enfrenta la amenaza más seria y que no es el calentamiento global.
Matías Asún, director de Greenpeace Chile, lo describe así: “La minería es una de las principales amenazas que tienen los glaciares (…) han sido proyectos cuya destrucción está documentada. Son proyectos responsables directamente de la remoción de glaciares”.
Según estimaciones de la ONG, en total se han destruido más de 340 hectáreas de estas masas de hielo por esta actividad y otras. Y si bien existe hoy el sistema de evaluación de impacto ambiental que ofrece una barrera a proyectos que busquen intervenirlos, Chile no cuenta con una ley específica que los proteja.
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“Chile puede vivir con menos minería, pero Chile no puede vivir con menos agua“, añade Sara Larraín, directora de Chile Sustentable.
Al respecto, Juan Pablo Espinoza, coordinador del Programa de Transformación Socioecológica para la oficina regional de la fundación Heinrich Böll, explica que “en comparación con el resto de la región, o comparándolo con Argentina, Chile está un paso más atrás“. Efectivamente el país trasandino aprobó, con una polémica detrás, una ley de glaciares, dándole protección específica ante la intervención minera. Lo anterior, considerando además que tienen muchos menos cuerpos de hielo que Chile.
El proyecto
Si bien en nuestro país han existido esfuerzos o voluntades por sacar una legislación al respecto dentro de la última década, todos han fracasado.
Durante la última gestión de Michelle Bachelet, el gobierno apoyó un proyecto que se discutía en la cámara de diputados, asignándole incluso presupuesto. Dicho apoyo fue retirado durante la actual administración de Sebastián Piñera, a manos de la cartera de Medio Ambiente, liderada en ese entonces por la ministra Marcela Cubillos.
Hoy, otro proyecto fue ingresado, esta vez en el Senado. Guido Girardi e Isabel Allende son los parlamentarios propulsores de esta ley que ya fue aprobada en su generalidad, para luego pasar a su discusión específica. El texto legal busca que los glaciares tengan estatus de un parque nacional y que no se puedan intervenir.
“Establecimos una sanción penal a la intervención de los glaciares, si esta es ilegal y no es permitida. Y además, establecimos que hay actividades que se pueden hacer, pero que deben tener estudios de impacto ambiental”, explica el senador PPD presidente de la comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
La discusión
La discusión no ha estado alejada de las polémicas. El ministro de Minería, Baldo Prokurica, mostró sus reparos explicando que “de aprobarse la ley tal cual como está, los efectos que va a tener para distintas actividades del país, pero yo me refiero a la actividad minera, son al menos que cuatro grandes proyectos, dos de empresas del Estado de Codelco como El Teniente y Andina, no podrían seguir trabajando“.
Lo anterior, se basa en un informe técnico de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), que estableció una cesión de funciones de más de 34 mil trabajadores. “Pone en riesgo la permanencia de una actividad para el país“, resalta Pablo Terrazas, subsecretario de Minería.
A este debate se suma Gino Casassa, de la Unidad de Glaciología y Nieves de la DGA, quien asegura que “estrictamente no es necesario una ley de glaciares”, ya que hay otros mecanismos para darle un marco de protección, por lo que no sería necesario crear “una ley específica de glaciares, sino que incorporar los glaciares dentro de parques nacionales, dentro de su ley ambiental más general“.
A lo anterior, el subsecretario de Minería complementa diciendo que la institucionalidad vigente se puede mejorar para compatibilizar el cuidado de los glaciares. Lo anterior, “sin que nos deje poco competitivo en lo mejor que sabemos hacer que es minería“.
¿En qué va la ley?
Por lo pronto, tras su aprobación en el Senado, el proyecto de ley se discutirá en la comisión de Minería y posteriormente de Medio Ambiente, para luego, ser votado artículo por artículo.
“Con la institucionalidad vigente, los principales abogados de este país han señalado que la protección no alcanza”, describe Asún, quien añade que “es evidentemente necesario un conjunto de reglas que impida destruir los glaciares“.
Desde la Dirección General de Aguas, comandada por su director Óscar Cristi, están formando una mesa técnica para incorporar expertos en la materia y así entregar sugerencias para la discusión parlamentaria, la que definirá el destino de nuestros glaciares, hielos milenarios, los que además del calentamiento global deben enfrentar el desarrollo de proyectos que pueden derivar en la destrucción progresiva de lo que será nuestra reserva futura de agua.
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