El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, también habló de “activismo judicial”, sugiriendo que ciertos sectores del sistema judicial estarían operando con una motivación política.
El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió este lunes a la polémica y presunta vinculación del Presidente Gabriel Boric en la investigación que está llevando a cabo Fiscalía con respecto a la arista ProCultura de Caso Convenios.
El escándalo escaló tras conocerse que la Fiscalía Regional de Coquimbo solicitó intervenir el teléfono del jefe de Estado en el marco de la indagatoria por el uso irregular de fondos públicos, que habrían sido utilizados para campañas políticas, por parte de la fundación dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín, amigo del mandatario.
Aunque la solicitud fue rechazada por el Juzgado de Garantía por falta de méritos, las repercusiones políticas no se hicieron esperar.
Desde el oficialismo, las críticas se intensificaron y apuntaron directamente a un uso indebido del aparato judicial con fines políticos.
El Frente Amplio (FA) condenó lo que describió como una “estrategia de espionaje político”, asegurando que la intención de intervenir el teléfono presidencial representa una amenaza directa a la democracia.
“Esto resulta gravísimo. Atenta contra las instituciones”, declaró el bloque en un comunicado, donde también enfatizó que las finanzas de la campaña de Boric fueron revisadas y aprobadas por el SERVEL, descartando cualquier nexo con la Fundación ProCultura, que fue disuelta en 2023.
El FA también denunció la interceptación de comunicaciones a personas no imputadas, como la antropóloga Josefina Huneeus, calificando el hecho como “espionaje ilegal” y una vulneración a derechos fundamentales.
Esto, en medio de una investigación que ya ha involucrado más de 40 interceptaciones telefónicas, algunas correspondientes a conversaciones de 2022 registradas en 2024, lo que ha encendido las alarmas sobre la legalidad de los métodos utilizados.
Por su parte, el PC habló de “activismo judicial”, sugiriendo que ciertos sectores del sistema judicial estarían operando con una motivación política, según consignó La Tercera.
En ese contexto, Carmona indicó: “Nosotros hicimos una formulación que parecía más una suerte de activismo judicial en el plano político. Es decir, lo que hay detrás, y quiero entender así la formulación que hace Frente Amplio, puede ser el debate desvinculado del fenómeno mismo, puede ser un poquito incompleto para no decir, digamos, no pleno”.
“Lo que hay en los hechos es una batería de afirmaciones a partir de pinchazos telefónicos… y eso se usa también en los espionajes”, añadió, insinuando una instrumentalización de la justicia.
Asísmico, aseveró que “los pinchazos telefónicos, puede la gente tener una asociación fácil si uno después las consecuencias que esto tiene y empiezan a achicarse los números que son tremendistas y que tienen explicaciones posteriores, pero las explicaciones no resuelven lo que provocó el pinchazo”.
El máximo tribunal resolvió que dejar WhatsApp Web abierto en un computador compartido equivale a permitir tácitamente el acceso de terceros. El fallo generó debate sobre privacidad digital en el entorno laboral.
