El proyecto de ley que busca que quienes fueron víctimas de lesiones en el marco de las movilizaciones del estallido social tengan menos exigencias de prueba para llevar a cabo un juicio indemnizatorio por lo sufrido, fue discutido durante este martes en la Cámara de Diputados.
La iniciativa fue respaldada por 76 votos a favor, 48 en contra y 16 abstenciones, pero dadas las indicaciones ingresadas este volverá a ser revisado en la comisión de Derechos Humanos.
Las y los autores de esta moción son los diputados Gabriel Boric (CS), Tucapel Jiménez (PPD) y Matías Walker (PDC), y las diputadas Natalia Castillo (Ind), Carmen Hertz (PC), Pamela Jiles (PH), Carolina Marzán (PPD), Emilia Nuyado (PS), Marisela Santibáñez (PC) y Camila Vallejo (PC).
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La norma plantea que se disminuya el estándar probatorio para que las víctimas puedan acceder a la justicia reparatoria. Según informó el diputado Boris Barrera (PC), quien dio a conocer la moción en Sala, el proyecto parte de la base de que el Estado ha incurrido en falta de servicio al no proteger los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica de las y los manifestantes.
De momento, el texto describe “movilizaciones sociales en el estallido social” como “cualquier hecho consistente en concentraciones masivas de personas con fines de protesta social o de actos de manifestación ciudadana de cualquier tipo, que se hubiera desarrollado en forma pacífica, aun con la presencia de fuerzas especiales o su sucesora, la Unidad de Control de Orden Público de Carabineros o cualquier funcionario de dicha institución, así como del Ejército, Armada o agentes de la Policía de Investigaciones de Chile y/o cualquier otro agente del Estado”.
En ese sentido, este periodo contempla desde el 7 de octubre de 2019.
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