Pese a los audios filtrados, las declaraciones cruzadas y las acusaciones desde la oposición, la Fiscalía concluyó que no existía el estándar legal para formalizar a los involucrados. Con ello, una de las causas más emblemáticas que enfrentó el municipio capitalino queda sin imputaciones penales, aunque las partes aún podrían presentar recursos ante el cierre de la indagatoria.
Luego de más de dos años de investigación, el Ministerio Público decidió cerrar el Caso Sierra Bella, una indagatoria que buscaba establecer responsabilidades penales en la fallida compra de la clínica del mismo nombre por parte de la Municipalidad de Santiago, bajo la administración de la exalcaldesa Irací Hassler.
Este lunes, el fiscal Patricio Cooper informó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago su decisión de no perseverar en la causa, argumentando que no se lograron reunir los antecedentes suficientes para sustentar cargos por fraude al Fisco.
La resolución marca un punto final a una de las investigaciones más mediáticas que enfrentó la gestión comunal de Hassler y que estuvo en el centro del debate político durante meses.
La carpeta investigativa, que supera los 300 documentos, no permitió establecer una coordinación explícita entre los tasadores involucrados para elevar artificialmente el precio del inmueble, ni vínculos concluyentes entre autoridades municipales y el dueño de la clínica, Felipe Sánchez, para concretar una operación irregular.
De hecho, según consignó La Tercera, nuevos informes analizados por la Policía de Investigaciones confirmaron que el estándar requerido para imputar delitos no estaba presente.
Uno de los momentos más controversiales de la causa fue la difusión de un audio enviado por Loreto Fernández Albornoz, entonces directora de Gestión Urbana de la Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan), en el que instruía a los tasadores a entregar sus informes con urgencia y sugería un rango de precio específico entre los 7.950 y 8.200 millones de pesos.
Pese al tono del mensaje, los tasadores negaron haber recibido presiones indebidas y aseguraron que elaboraron sus informes de manera independiente.
“Para mí Loreto era mi jefa en ese momento, ella era quien me había solicitado hacer la tasación, entonces sentía la responsabilidad de seguir sus instrucciones, ya que nadie más de la Municipalidad se contactó conmigo para solicitarme efectuar ese servicio. No obstante, quiero dejar en claro que al momento de recibir esa comunicación por parte Loreto, yo tenía mi tasación avanzada, es más, me tranquilicé al escuchar esos valores porque era mi primera tasación grande y los valores que había determinado se aproximaban”, sostuvo Elsa Cárcamo, una de las tasadoras involucrada.
En ese sentido, añadió: “yo hice mis cálculos de la tasación sola, no mantuve conversaciones con María José y Patricio Gajardo nunca, en el contexto que usted me señala, me guie solamente por lo que ya señalé previamente”.
Fernández, por su parte, sostuvo que simplemente transmitió un precio referencial, sin intención de alterar los resultados.
“En ningún caso tenía la intención de dirigir un precio, ni obligar a los tasadores a expresar un valor determinado, sino que responde a un lenguaje propio de la práctica, más aún, cuando las personas que le estaba enviando el mensaje eran mis amigas cercanas, por lo que, todos los que recibieron este comunicado sabían a que me refería, dado que manejan la misma jerga técnica que yo”, sostuvo.
El fiscal Cooper tomó en cuenta las declaraciones de todos los involucrados, incluyendo nuevos testimonios que descartaron colusión o manipulación dolosa en las tasaciones.
Las explicaciones entregadas fueron suficientes para descartar la existencia de un ilícito penalmente imputable.
Incluso, un intento reciente por parte de la defensa de Felipe Sánchez para lograr su sobreseimiento definitivo fue rechazado por la Corte de Apelaciones.
No obstante, un voto de minoría en ese fallo ya anticipaba la debilidad del caso: “no existen antecedentes que permitan atribuir una conducta delictiva al encartado”, señaló el ministro suplente, Fernando Valderrama.
El Ministerio Público solicitó una audiencia para formalizar su decisión de no perseverar, aunque esto no implica necesariamente el sobreseimiento inmediato de los involucrados.
Las partes aún podrían apelar o solicitar nuevas diligencias, aunque todo indica que el caso, tal como fue concebido, llegó a su fin.
La decisión representa un duro revés para sectores de la oposición que habían apuntado directamente a la exalcaldesa Hassler y otras autoridades por presunto fraude.
Por ahora, el Caso Sierra Bella se cierra sin responsables penales ni medidas cautelares, tras una intensa y prolongada investigación que, según la Fiscalía, no logró acreditar delito alguno.
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