Durante esta jornada, la Defensoría Penal Pública anunció que estará a cargo de representar a la mayoría de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago y a una ministra de la Corte Suprema, quienes están siendo investigados por el eventual delito de prevaricación.
Esto último, en el marco de la querella presentada por el abogado Fernando Leal ante el Séptimo Juzgado de Garantía, para indagar la determinación de un grupo de magistrados que sin requerir una apelación previa, suspendieron una resolución judicial del juez Daniel Urrutia.
El fallo se remite a marzo del 2020, en plena aparición de la pandemia por COVID-19 en Chile, cuando el juez Urrutia precisó modificar las medidas cautelares para 13 personas en prisión preventiva acusados de formar parte de la llamada “primera línea” durante las manifestaciones del estallido social.
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Sin embargo, la medida resultó polémica, por lo que la Corte de Apelaciones de la capital revirtió la decisión de Urrutia, ingresando además un sumario administrativo contra el magistrado, siendo también suspendido de sus labores en el tribunal de alzada.
Esta situación fue criticada por el propio magistrado, quien en entrevista con CNN Chile, señaló su desacuerdo con el “uso excesivo de la prisión preventiva, para efectos puramente simbólicos”, cuestionando además el sistema “jerárquico” del Poder Judicial.
En tanto, desde la DPP se determinó que serán los abogados Octavio Sufán, Bárbara Antivero y Alejandra Lobos, quienes se harán cargo de representar a los 19 imputados de la Corte de Apelaciones y una ministra de la Corte Suprema en el caso.
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