Siete días demoró la Fiscalía de Aviación en reconocer que no tenía las competencias para investigar el caso de los cinco funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile acusados de transportar ketamina en un avión institucional. La respuesta del Estado ante uno de los hechos más graves de narcoinfiltración en las FF.AA. deja en evidencia cuán desprevenidos estábamos.
Siete días, eso demoró la Fiscalía de Aviación en reconocer que no tenía las competencias para investigar el caso de los cinco funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile acusados de transportar droga, ketamina específicamente, a bordo de un avión institucional.
Ante uno de los hechos de corrupción de los más graves que haya conocido recientemente las Fuerzas Armadas, la discusión se enredó entre medio en una contienda de competencias que quizás refleja cuán desprevenidos estábamos frente a este fenómeno. Las bandas narco encontraron un punto débil y se atrevieron a explotarlo, tanto en la Fuerza Aérea como en el Ejército, dejando así al descubierto lo lejos que ha llegado la operación de estas sociedades criminales en nuestro país.
El tema no debería ser tan sorpresivo en todo caso. Es lo que ha ocurrido en México, en Colombia o en Ecuador recientemente, y la Política Nacional de Defensa del año 2020 acá en Chile ya identificaba al crimen organizado transnacional como una amenaza potencial para la seguridad nacional. Ojo con el concepto, para la seguridad nacional, y es importante tomar el peso de lo que eso significa.
El crimen organizado es un elemento desestabilizador para el país, para la democracia, para la institucionalidad y para la integridad de la nación. El ministro Luis Cordero lo dijo hace unos días aquí en CNN Chile Radio. Las Fuerzas Armadas y de Orden son el último eslabón de la defensa del país.
Después de eso, no hay más, planteaba el jefe de la cartera de seguridad nacional, en una advertencia que hay que tomar al pie de la letra. Lo que está en juego en este caso y también en el que involucra a exfuncionarios del Ejército que transportaban drogas desde Tarapacá a Santiago, es un asunto de sobrevivencia institucional. Por eso la contienda de competencias abierta por la Fiscalía de Aviación no fue un asunto meramente burocrático que se pudiera remitir solo a ese análisis.
Lo que estaba de fondo era la manera en la que el Estado en su conjunto respondería ante un caso tan grave como este. Y cuando se requería una respuesta rápida, unitaria, sin dilaciones ni muchos deparidos, primó la lentitud, la disputa pública, la duda e incluso cierta opacidad. Finalmente el caso quedó como muchos planteaban desde un comienzo en manos del Ministerio Público, pero se perdieron días valiosos de investigación por parte de la Fiscalía, que va contra el tiempo en la búsqueda de los vínculos civiles de origen y destino de la quitamina que buscaba ser transportada en este avión de la FACh.
El Ejército actuó de forma distinta y los resultados fueron también distintos. Se hizo el seguimiento de los involucrados, la operación de contrainteligencia fue un éxito, en un contraste que recalcan incluso puertas adentro del Ejecutivo. El fiscal nacional ha dicho este fin de semana que no hay antecedentes de que el narco esté infiltrado en las Fuerzas Armadas, pero no hay dudas tampoco de cuánto ha avanzado el crimen organizado territorial y esto es lo más relevante culturalmente a lo largo del país.
Y esta grieta en el dique de contención parece ser una de las últimas advertencias, si es que no la final.