Si hay algo que no puede dejar de hacer un gobierno es adoptar medidas y políticas públicas oportunamente. El Estado hoy no está donde se le necesita. Ha abandonado a la llamada macrozona sur, donde según el despedido coordinador, campea la delincuencia y el narcotráfico.
También lo señalan las victimas y periodistas que, presentes allá, narran cómo civiles están armados y cómo se distingue a los narcos a simple vista.
Es decir, para la población es evidente su existencia y no resulta difícil su identificación.
Sin embargo, para las policías y para quien debiera conducir las investigaciones, el Ministerio Publico, no parece ser tan evidente.
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Para el gobierno el problema es serio, según declaran las autoridades; pero envían -desde Santiago- a un nuevo coordinador.
Después del terrible atentado sufrido por el equipo de prensa de TVN, el coordinador anuncia querellas.
No basta.
Eso no soluciona el problema grave de orden público y abandono de la zona. Si no se puede transitar libremente y con seguridad por parte del país, no es un tema de coordinación.
No basta con un delegado contratado a honorarios, cuyas exactas funciones no aparecen claramente para la ciudadanía y tampoco para quienes debiera coordinar.
Se necesita al gobierno: que el ministro del Interior esté presente y activo. O la subsecretaria de Prevención del Delito (cuyo celo por perseguir delitos sanitarios debiera extenderse a los demás delitos), deben constituirse en la zona para dirigir -conforme a las potestades legales- un equipo que permita restablecer el estado de Derecho.
El Ministerio Público puede y debe nombrar a un fiscal exclusivo para que acumule las investigaciones y disponga diligencias útiles para llegar a esclarecer los hechos y poder imputar, acusar y condenar a quienes resulten responsables.
Es el momento de llevar a las y los mejores profesionales, expertos en investigación, y trabajar colaborativamente para develar la verdad que esconden los cada más frecuentes atentados. Qué intereses hay tras ellos y quienes son los responsables.
Recuperar el libre tránsito y la tranquilidad parece fácil, pero es un tremendo desafío.
Tal vez es el mayor de este gobierno -más allá de la pandemia- y necesita algo más que un delegado.
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Y en relación a las comunidades mapuche -que son también víctimas de esta situación, pues sus legítimas aspiraciones se diluyen entre ataques y sospechas-, el gobierno debe volver a escuchar. Algo que -sabemos- no es nada fácil para ellos.
No se requiere delegar, sino empoderar a la ministra Rubilar para conducir un diálogo fructífero con las comunidades, entender sus pretensiones y atender aquellas urgentes; la solución es con ellos, en su tierra, y no desde La Moneda.
Con las autoridades en terreno es posible abordar el problema. Eso demuestra voluntad política, no solo anunciar querellas y proyectos de ley.
El gobierno debe gobernar y no simplemente criticar por la falta de legislación idónea o delegar. Y debe hacerlo antes que sea demasiado tarde.
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