Por Juan de Dios Valdivieso
Agencia UNO

Este verano de 2023, el río Maipo dejó de verter sus aguas en el mar. El Aconcagua por su parte, tiene a sus organizaciones de usuarios suspendidas por la Dirección General de Aguas en una intervención de la autoridad llena de polémicas y manifestaciones ciudadanas de las que poco habla la prensa. Nuestra zona central sufre el implacable cambio climático y entre los colosales desafíos de adaptación y mitigación, destaca siempre el asunto de la distribución de las aguas, un tema lleno de complejidades técnicas y diversidad geográfica, donde con mucha facilidad se atrincheran las posiciones por el oportunismo, por la ideología simplificadora o por los intereses contrapuestos de los distintos actores.

La aprobación del nuevo Código de Aguas hace menos de un año, y el rechazo a la propuesta de la convención fallida, revalidan y confirman la legitimidad de la forma de administrar las aguas en base a organizaciones de usuarios. El desafío hoy es hacer los ajustes para que esa forma de administrar, que viene evolucionando desde la colonia, se siga modernizando y se adapte a la fuerte escasez provocada por el cambio climático. La autoridad hoy debe enfocarse en transitar eficientemente hacia la vigencia del nuevo código. Se echa de menos una gestión más decidida en comunicar y facilitar el cumplimiento de las disposiciones cuyos plazos están cerca de caducar.

Por otro lado, aunque la atención tiende a centrarse en el Código de Aguas, hay otros aspectos que también deben ser atendidos. Uno muy relevante es la industria sanitaria y el consumo urbano que se ve amparado en el derecho humano al agua con la consiguiente prioridad que da el Código de Aguas a ese uso. Hace falta dotar de contenido específico ese derecho humano y estipular su alcance. No hacerlo implica amparar excesos de consumo citadinos, sin limitaciones ni matices, perjudicando seriamente la producción de alimentos y de paso engrosando el negocio de la industria sanitaria que sólo tiene incentivos para vender más litros.

Este problema es especialmente claro en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins, ya que además de ser regiones mineras y agrícolas, son densas en términos de población y ya han limitado el agua de regadío para asegurar el abastecimiento urbano. No se trata de cuestionar la prioridad en el consumo humano, sino de poner los incentivos para que sea la sociedad entera la que se adapte y no solo una parte de ella. La agricultura y la minería llevan décadas adaptándose y tecnificándose, es hora de que las grandes ciudades hagan lo propio.

El desafío de la distribución del agua y adaptación al cambio climático es mucho más complejo que las dos aristas que acá se abordan, y nos acompañará por largo tiempo. La autoridad tiene la responsabilidad de conducir este largo camino.  Para esto, la generación de confianzas es fundamental, actuar de buena fe, cumplir la ley, respetar el derecho de propiedad, conocer las distintas realidades de cada cuenca, escuchar a todos sin prejuicios y mantener siempre a la vista la dimensión técnica del problema. Sólo así se podrá avanzar sin confrontaciones, evitando tanto el oportunismo ideológico de quienes en todo ven opresores y oprimidos, como el inmovilismo -también ideológico- de quienes esperan que nada cambie.

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