El director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán cuestiona las declaraciones donde Daniel Jadue pide indulto para uno de los condenados por el asesinato de Jaime Guzmán, e interpela a Jeannette Jara. "Si la candidata del PC no es capaz de poner un límite nítido entre la política y la violencia, entre la democracia y la justificación del crimen político, entonces será legítimo concluir que ella forma parte de ese mismo proyecto de degradación institucional.", señala.
Las declaraciones del exalcalde Daniel Jadue —quien solicitó el indulto para uno de los condenados por el asesinato del senador Jaime Guzmán— no son un exabrupto aislado ni una mera provocación retórica. Representan la expresión nítida de una inquietante coherencia ideológica del Partido Comunista de Chile, que jamás ha condenado de manera categórica el terrorismo y que persiste en reivindicar la violencia política como un medio legítimo.
Fue Camila Vallejo quien afirmó: “Nosotros nunca hemos descartado la posibilidad de la vía armada”, respaldada por Guillermo Tellier, presidente del PC en ese tiempo. Y el mismo Jadue dijo recién: “Cuando el estado de derecho no sirve para garantizar los derechos esenciales, el pueblo tiene todo el derecho y la razón para pasar por sobre el estado de derecho”. Estas afirmaciones expresan una concepción profundamente autoritaria que erosiona las bases del pacto democrático. Cuando las autoridades justifican la ruptura del Estado de Derecho, no solo legitiman la desobediencia, sino que abren la puerta a la insurrección.
La idea de otorgar el indulto presidencial a uno de sus asesinos constituye un agravio a la memoria de Jaime Guzmán y una amenaza directa a los cimientos éticos fundamentales de la democracia. Porque si asesinar a un senador puede, décadas después, ser considerado excusable —incluso heroico— entonces el mensaje es devastador: la violencia contra quienes piensan distinto es justificable y hasta reivindicable.
Esta propuesta no surge en el vacío. El terreno fue abonado por el gobierno cuando el Presidente —a contrapelo de la seguridad ciudadana, los principios de justicia y el sentido común— concedió indultos a condenados por actos violentos durante el intento insurreccional de octubre de 2019. Entre ellos delincuentes de extenso prontuario, reincidentes sin atisbo de arrepentimiento y un frentista condenado por terrorismo. Esa decisión, impulsada en nombre de la “paz social”, sentó un nefasto precedente: se puede violentar el orden democrático y luego recibir el perdón oficial.
Es difícil no interpretar las palabras de Jadue como un calculado globo sonda. El PC sabe que una solicitud formal de indulto sería escandalosa, impopular y costosa en un año de definiciones electorales, especialmente cuando tiene a una candidata de sus filas entreverada entre los presidenciables. Pero otra cosa es pedirlo después de zanjada la contienda, en los estertores del gobierno. Esta lógica oportunista no debería sorprender. Ya la vimos a propósito de los indultos previos, tramitados sigilosamente antes de Año Nuevo. Lo que subyace no es justicia ni reconciliación, sino una profunda hostilidad hacia el Estado de Derecho.
El asesinato de Jaime Guzmán no fue accidental. Fue un atentado premeditado, ejecutado por una banda armada cuyo objetivo era desestabilizar la recién recuperada institucionalidad democrática. Indultar a uno de sus autores sería blanquear esa motivación criminal. Por eso es indispensable que quienes hoy representan al PC —y en particular su abanderada presidencial— se pronuncien de forma explícita y sin ambigüedades. Jeannette Jara tiene la obligación moral y política de responder si apoya o no el indulto a uno de los asesinos de un senador de la República; si considera legítimo, como su camarada Jadue, que el pueblo “pase” sobre el Estado de Derecho cuando lo estime necesario; y si está dispuesta a gobernar con quienes aún justifican el terrorismo como medio de acción política.
Estas preguntas son centrales para evaluar la vocación democrática de quien aspira a gobernar Chile. Guardar silencio o relativizar estas declaraciones sería, en los hechos, avalarlas. Y si la candidata del PC no es capaz de poner un límite nítido entre la política y la violencia, entre la democracia y la justificación del crimen político, entonces será legítimo concluir que ella forma parte de ese mismo proyecto de degradación institucional.
Jorge Jaraquemada es el director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán.