Acciones como la presentada en mi contra constituyen mecanismos de amedrentamiento que buscan castigar no sólo el acompañamiento legal a las víctimas, sino también la osadía de visibilizar los resultados. Cuando finalmente se sanciona al agresor, el siguiente blanco suele ser quien sostuvo a las víctimas hasta lograrlo.
Hace pocos días se confirmó el sobreseimiento definitivo del proceso penal que se seguía en mi contra. Fui querellada por injurias tras un comunicado institucional del estudio jurídico al que pertenezco, que informaba el resultado de un sumario de la Universidad de Chile: destitución e inhabilidad de un académico de la Facultad de Arquitectura, sancionado por ejercer diversas formas de violencia de género contra las alumnas a las que representé.
No fue una opinión. El comunicado reflejaba un hecho objetivo, derivado de resoluciones firmes. Sin embargo, el sancionado —que hasta entonces afirmaba que el sumario “había quedado en nada”— consideró inaceptable que se expusiera el resultado. Como si nuestro rol terminara al cerrar el expediente y visibilizar la verdad jurídica fuera un exceso. Pero en estas causas, dar luz a lo conseguido es parte de la reparación y, a veces, un paso hacia la garantía de no repetición. Romper esa inercia de ocultamiento es una de las funciones más incómodas —pero esenciales— de quienes defendemos derechos humanos en contextos de violencia de género.
Acciones como la presentada en mi contra constituyen mecanismos de amedrentamiento que buscan castigar no sólo el acompañamiento legal a las víctimas, sino también la osadía de visibilizar los resultados. Cuando finalmente se sanciona al agresor, el siguiente blanco suele ser quien sostuvo a las víctimas hasta lograrlo.
Frente a este ataque, activé —por primera vez en Chile— el Protocolo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Un instrumento joven, incipiente, pero imprescindible. Porque aceptar estas persecuciones sin respuesta institucional sería normalizar las represalias como costos propios del ejercicio profesional. Y el miedo nunca puede ser el precio de la abogacía comprometida con los derechos humanos.
El protocolo me otorgó respaldo técnico, jurídico, y envió un mensaje claro: la defensa de derechos humanos no puede transformarse en una actividad peligrosa. Ningún sistema debe permitir que la protección de sus defensoras dependa de sus capacidades personales para resistir el desgaste. Porque allí donde nosotras estemos desprotegidas, lo está también la democracia. Si quienes deben incomodar al poder temiéramos hacerlo, entonces ¿quién queda para apuntalar las garantías que sostienen un Estado de Derecho?
La existencia de este protocolo es un paso valioso. Su verdadero sentido está en la capacidad del Estado de asumir como deber permanente la obligación de proteger a quienes sostenemos los procesos y las demandas que otros preferirían seguir dejando en silencio.
Francisca Millán
Socia abogada AML Defensa de Mujeres
En conversación con CNN AM, el director del Instituto de Previsión Social (IPS), Juan José Cárcamo, explicó los beneficios de la PGU, quiénes pueden acceder a ella y aclaró las dudas en torno a este beneficio que actualmente ayuda a más de dos millones de personas.
