En estos días hemos sido testigos de una nueva disputa entre poderes del Estado: Ejecutivo y Legislativo, por el retiro de fondos de pensiones de las cuentas de capitalización individual del sistema de AFP.
Por un lado, el Honorable Congreso despachó al Ejecutivo un proyecto de reforma constitucional para un tercer retiro de fondos, no tributable, de características similares al segundo retiro e incorporando a pensionados por renta vitalicia dentro de esta posibilidad; y, en una contradicción a todos los anuncios previos, presentación al Tribunal Constitucional de por medio, el Ejecutivo hacía lo suyo al finalizar el fin de semana, con un proyecto alternativo de tercer retiro.
Si bien ambos proyectos parecieran apuntar en la misma dirección, tienen diferencias sustantivas en cuanto a su diseño, que como en toda política pública, en este caso una de “último recurso” para paliar la crisis por pandemia, son importantes de tener en cuenta.
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Tanto el Parlamento como el Gobierno plantean un nuevo retiro con un máximo de hasta 150 UF ($4.421.766), para quienes estén afiliados al sistema de AFP. Ambos, además, incorporan a pensionados por renta vitalicia, que difieren en cuanto al monto máximo a retirar, $4.421.766 en el caso del proyecto aprobado por el Congreso y $2.947.844 el proyecto del Ejecutivo.
En materia tributaria, el Congreso considera el retiro como no afecto a impuestos, a diferencia del Gobierno que lo define como tributable para las personas que ganen mas de $1.750.000 mensuales.
A diferencia del Parlamento, el anuncio del presidente Piñera, introduce un beneficio de $200.000 para las cerca de 3 millones de personas que ya retiraron todos sus fondos. Quienes hayan sumado algunas cotizaciones este primer trimestre y ya no tengan sus cuentas en cero, podrán acceder al beneficio si registran un ahorro total menor o igual a $200.000.
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El retiro de fondos desde las rentas vitalicias, en ambos casos debe ser reintegrado por el pensionado. El Gobierno plantea un préstamo al jubilado que deberá ser devuelto con un descuento de su pensión de hasta un 10% de su renta vitalicia mes a mes, a diferencia del Parlamento que consideró un pago a prorrata, en forma proporcional y en igual porcentaje que aquel que represente el monto efectivamente retirado.
En cuanto a reintegros, el Parlamento consideró la posibilidad de un reintegro voluntario en base a una cotización individual de 1% de cargo del trabajador por al menos un año, abriendo además la posibilidad de que el Estado pueda compensar los fondos retirados con aportes fiscales al ahorro previsional, sin mezclar la discusión previsional hoy en trámite.
En esto último, existe una diferencia que es sustantiva: la propuesta del Gobierno trae inserto una mini reforma de pensiones para el reintegro de los fondos retirados con una cotización adicional de 1% de cargo del empleador o del trabajador independiente; y, otro 1% de cargo del Estado, que serán registrados en las cuentas de capitalización individual de cada afiliado. Profundizando de esta manera el negocio de las pensiones en las AFP, que después de 40 años tiene al país capturado en bajísimas pensiones.
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Paradojalmente, el proyecto del ejecutivo involucra un subsidio estatal para mantener el modelo de cuentas de capitalización individual en las AFP.
Este reintegro del tercer retiro planteado por el Gobierno, cual Caballo de Troya, se introduce en la actual discusión de la reforma de pensiones, en un contexto donde la comisión de trabajo del Senado había aprobado en la misma semana, que toda cotización adicional del 6% de cargo del empleador vaya a cuentas de ahorro colectivo solidario, de manera de mejorar en forma sostenible y sustantiva las pensiones de actuales y futuros pensionados. Y donde el Gobierno se había comprometido a que las AFP no participarían de la gestión de fondos por cotizaciones adicionales. Aprobaciones y acuerdos, que se vulneran con este diseño.
Esta reforma de pensiones camuflada en el proyecto de retiro del 10%, anunciada el domingo pasado e ingresada a última hora de este lunes por el Gobierno, implicará que de la nueva cotización del 6% que se discute en el Senado, un tercio irá a las cuentas de capitalización individual, con el 2% para el reintegro de los retiros de fondos, según expresó este lunes el Ministro del Trabajo Patricio Melero a un medio de prensa. En consecuencia, tampoco constituirá un reintegro adicional a partir de mayor cotización, sino que define un nuevo uso de la cotización adicional que ya se estaba legislando en la reforma de pensiones.
Lo anterior pone de manifiesto el sesgo ideológico que durante toda la discusión de la reforma de pensiones ha primado en el Presidente Piñera y la larga lista de Ministros que a la fecha han transitado en este trámite. Ideología basada en perpetuar y aumentar la lógica de las cuentas de capitalización individual y el negocio de las AFP.
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Por otra parte, el costo fiscal de esta medida implicará un desembolso anual de 0,2% del PIB, el cual bien diseñado podría mejor utilizarse en el contexto de la reforma de pensiones reduciendo las desigualdades entre hombres y mujeres y mejorando las pensiones actuales y futuras, a través de un mecanismo solidario y no regresivo de beneficios colectivos.
Sin embargo, la fórmula diseñada por el Ejecutivo no hace mas que profundizar un sistema de pensiones precario y acrecienta las diferencias previsionales entre hombres y mujeres, pues el 59% del aporte fiscal iría a hombres y un 41% a las mujeres, dada la realidad salarial actual.
El sentido de oportunidad y el diseño de las medidas, nuevamente quedan en entredicho y en evidencia, donde el costo finalmente lo pagan quienes más necesitan apoyo.
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Gobierno y Parlamento, que hoy se ven lejanos, y con la urgencia que amerita, deben avanzar en dejar de lado sus diferencias, para abrazar un propósito común: llegar a cada rincón de Chile y a cada familia con el apoyo económico que necesitan.
Dejar atrás la discusión en el Tribunal Constitucional y actuar como poderes del Estado en forma unida para tramitar el tercer retiro ya despachado por el Congreso; acordar un nuevo pacto económico y social en materia de justicia tributaria con sentido de urgencia; avanzar en una reforma de pensiones con un nuevo componente de solidaridad y el Estado como puerta de entrada al sistema previsional; y, profundizar en ayudas “hoy”, sin la hiperfocalización que las ha caracterizado a la fecha, son parte de las urgencias que chilenos y chilenas esperan se resuelva por quienes ostentan el poder que les ha sido delegado.
No hacerlo, nos llevará muy temprano a ver la discusión de nuevos retiros de fondos, cargando nuevamente en trabajadores y jubilados el costo de la crisis que hoy vivimos.
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