Por Camila Flores
FOTO: AGENCIA UNO

Comenzó oficialmente el período de campaña para el plebiscito de salida de la nueva Constitución el próximo 4 de septiembre, donde distintas organizaciones y partidos se han desplegado para promover alguna de las dos opciones que estarán en la papeleta. En el sufragio, los chilenos deberán decidir si aprueban o rechazan la propuesta redactada por la Convención Constitucional, y podrán participar más de 15 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

A propósito del inicio de la campaña, la Contraloría General de la República emitió hace pocos días una resolución sobre el rol de los municipios de cara al plebiscito, a raíz de los oficios enviados por parlamentarios por la realización de cabildos y actividades constituyentes en dependencias de algunas municipalidades. El texto del órgano contralor señala que “no es competencia de los municipios informar sobre materias ajenas a sus funciones, como el plebiscito de salida”, y reafirma que “al igual que todos los órganos del Estado, las municipalidades y sus funcionarios deben someter su actuar a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, encontrándose sujetos a los principios de juridicidad y probidad”.

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De esta manera, se confirma lo que he venido denunciando hace algún tiempo de municipios y alcaldes de algunas localidades del país, quienes se han excedido en sus atribuciones para promover la opción del Apruebo. Sin ir más lejos, recordar los dichos de la alcaldesa de Calle Larga, Dina González (PS), en su cuenta pública, donde hizo un directo llamado a aprobar el nuevo texto constitucional, o el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien pretendía gastar 70 millones de pesos para realizar un “Festival Constitucional”, que no era más que una actividad financiada con recursos públicos para promover el Apruebo.

Es evidente la desesperación de los municipios de izquierda y hasta del Gobierno por intervenir en el plebiscito constitucional, ya que todas las encuestas apuntan a que la ciudadanía está optando por rechazar la nueva Constitución y semana a semana va subiendo el apoyo a esta opción. Pero es tanta la exasperación, que van a presentar un proyecto de ley para que se le permita a las municipalidades difundir el referéndum del 4 de septiembre y que se les entreguen mayores atribuciones en esta materia, buscando revertir lo que ya dijo la Contraloría.

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Incluso, ministros de Estado han marcado abiertamente su posición, pero la verdad es que ya no nos sorprende el nivel de intervencionismo y el nivel de patudez que ha tenido este Gobierno para utilizar todas las herramientas que tienen para que gane la opción del Apruebo y probablemente lo sigan haciendo. Por lo mismo, desde mi asiento como parlamentaria voy a ser enfática en seguir fiscalizando este tipo de actos y lo voy a hacer cada vez que sea necesario, porque no puedo aceptar que se utilice el dinero de todos los chilenos y se pase por encima de la ley para la campaña electoral a favor de la nueva Carta Magna.

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