(CNN en Español) – El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú declaró este lunes fundada la tutela de derechos planteada por la defensa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y dispuso como nulo todo lo actuado en el proceso que afronta por presunto lavado de activos.
El Poder Judicial informó en Twitter que, ahora, la Fiscalía deberá realizar una nueva pericia financiero-contable.
La defensa del exmandatario solicitó la anulación de la disposición fiscal que dio por cerrada la investigación preparatoria en su contra por el caso Westfield Capital por haberse dado “abruptamente” y porque había “diligencias pendientes”, según declaró a medios su abogado Julio Midolo.
El pasado viernes, el Ministerio Público de Perú solicitó 35 años de cárcel para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por presunto lavado de activos, según reportó la agencia estatal Andina.
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El fiscal José Domingo Pérez, quien está a cargo del equipo especial Lava Jato —que investiga supuestos actos de corrupción vinculados a la empresa brasileña Odebrecht y otras constructoras para beneficiarse de licitaciones de obras públicas en el país—, presentó la acusación en contra del exmandatario, agregó la agencia.
Kuczynski ha defendido su inocencia en reiteradas oportunidades. En entrevista con medios locales, su abogado Julio Midolo dijo que el expresidente se encuentra “tranquilo” y que están esperando la notificación formal acerca de la solicitud de la Fiscalía.
El siguiente paso sería el inicio del control de acusación, que es una etapa entre la acusación y el juicio, el cual determinará si procede la solicitud de la Fiscalía.
Kuczynski está bajo arresto domiciliario desde abril de 2019, cuando el Poder Judicial autorizó 36 meses de prisión preventiva en su contra, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos en el caso. PPK, como también se le conoce, ha negado las acusaciones en su contra.
La investigación contra Kuczynski se remonta a diciembre de 2017, cuando se publicó que supuestamente había sido socio de la empresa First Capital Partners (FCP), una consultora financiera que habría asesorado al consorcio encabezado por Odebrecht. En ese momento, el mandatario negó tal relación.
En ese entonces, Kuczynski reconoció que sí asesoró a H2Olmos S.A., una empresa de Odebrecht que ganó la licitación de un proyecto de irrigación llamado Olmos.
Este escándalo le costó la presidencia a Kuczynski, que renunció en marzo de 2018, ante la inminente votación en el Congreso de un pedido de vacancia en su contra. Tras su renuncia, el Poder Judicial le prohibió salir de Perú durante 18 meses.
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