(CNN Español) — El cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció este martes una recompensa de US$ 500.000 por información sobre los sospechosos de la “Operación Boicot”, un presunto plan terrorista que, según la versión del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, tenía como objetivo sabotear la instalación de la Asamblea Nacional, prevista y que nuevamente será dominada por el oficialismo.
Maduro se refirió en particular a tres ciudadanos colombianos que, según la ministra de Relaciones Interiores, Carmen Meléndez, estarían implicados en un fallido plan de desestabilización, en el cual, aseguran, ya hay una persona detenida. Maduro mostró los retratos de tres sospechosos del presunto plan terrorista a quienes acusó de planificar una serie de atentados contra objetivos civiles y militares.
El mandatario señaló que el supuesto plan fue dirigido por el líder opositor Leopoldo López, exiliado en España. Maduro frecuentemente denuncia planes terroristas e intentos magnicidas y, tal como ha ocurrido en oportunidades anteriores, esta vez tampoco presentó pruebas que sustenten las denuncias ni el papel que pudieron haber jugado los sospechosos.
Reacciones a los señalamientos por el supuesto plan terrorista
López reaccionó a los señalamientos a través de su cuenta de Twitter, advirtiendo que «la dictadura asesina pretende vincularnos con planes terroristas». El dirigente de Voluntar Popular recuerda que la DEA ofrece una recompensa por Maduro de hasta US$ 15 millones en medio de las investigaciones de narcotráfico por el Cartel de los Soles, señalamientos que el mandatario venezolano rechaza.
López resalta también lo que dicen la Corte Penal Internacional y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre las desapariciones y los indicios de crímenes de lesa humanidad en el país.
El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, agregó en su cuenta de Twitter que es contra Maduro que debe actuar la Justicia y que sus amenazas no funcionan.
El Poder Legislativo está integrado por 167 diputados elegidos en diciembre de 2015 y su mandato está previsto hasta el 5 de enero de 2021. La mayoría de sus integrantes eran opositores hasta que intervino el Poder Judicial y el Ejecutivo impulsó la creación de una Asamblea Constituyente, instalada en agosto de 2017, que actuó como poder legislativo paralelo. A comienzos de enero de 2020, la oposición, ya dividida, eligió una nueva directiva que el Gobierno reconoció. Esto último debilitó a la oposición liderada por Guaidó y no le ha permitido funcionar adecuadamente.
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El 6 de diciembre de este año se realizaron elecciones legislativas en medio de fuertes cuestionamientos dentro y fuera del país, y en las que no participó la mayoría opositora, que llamó a no votar. El chavismo se impuso con 81% de los 277 escaños, en un proceso en el que, según el Consejo Nacional Electoral, se abstuvo casi el 70% de los electores inscritos en el padrón.
Entre las críticas a la reciente elección legislativa destaca que el nombramiento del Poder Electoral se realizó desde el Poder Judicial, y no desde la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución.
Además, las directivas de los partidos opositores fueron intervenidas, se nombraron juntas ad hoc desde el Tribunal Supremo de Justicia, y no hubo observación internacional independiente.
Por ello es que Guaidó, así como los partidos opositores como Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo consideran que la elección del 6 de diciembre fue ilegal e ilegítima. Varios países, de hecho, desconocen los resultados de esa jornada.
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