(EFE) — Los legisladores de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de Bolivia volvieron a reunirse este jueves para diseñar una sola versión de la Ley Censal, el principal requisito para que el departamento de Santa Cruz, el mayor del país, levante la huelga que comenzó hace 34 días.
La comisión volvió a convocar a sus miembros con la perspectiva de generar una propuesta “que recoja todas las iniciativas” presentes en otras iniciativas legislativas, explicó el presidente de esa instancia, el oficialista Juan José Jáuregui.
Una de las premisas es que este proyecto legal no invada las competencias del poder ejecutivo, que tiene la potestad de la organización del censo poblacional, y que responda a los sectores cívicos de Santa Cruz que piden que los resultados finales de la encuesta se entreguen en septiembre de 2024.
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Este aspecto es determinante para conseguir la nueva distribución de recursos y la asignación de escaños parlamentarios que debe aplicarse en 2025, año de las elecciones presidenciales.
Los líderes cruceños, que inicialmente pidieron la realización del censo en 2023, en la víspera descartaron esa pretensión que fue el pedido fundamental del paro al ya no ser factible “técnicamente”, por lo que ahora apuntan a una ley nacional para levantar la protesta.
Al respecto, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, señaló que el Gobierno del presidente Luis Arce está dispuesto a “apoyar y aportar” para una ley en el Parlamento que no vulnere las competencias de ese poder, en pos del “retorno de la normalidad” a Santa Cruz.
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En las próximas horas está prevista la sesión del pleno de la Cámara baja para discutir el proyecto definitivo con base en el informe de la Comisión de Constitución, sin embargo, para esto es relevante la aprobación del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), que tiene mayoría en el Parlamento.
Un sector del MAS considera que una ley es viable para finalizar el conflicto por el censo, mientras que otro, liderado por el exmandatario y presidente de ese partido, Evo Morales, sostiene que aquello no es necesario.
El presidente del Senado, el oficialista Andrónico Rodríguez, manifestó que esa cámara está a la espera de la propuesta que emerja de Diputados y que se aplicará el procedimiento legislativo para debatir la norma “sin afectar competencias del Ejecutivo”.
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El presidente Arce aprobó un decreto presidencial que fija el censo para el 23 de marzo de 2024 y que sus datos finales estarán listos para septiembre de ese año, con el fin de aplicarlos para una nueva distribución de recursos y escaños en el Parlamento.
Inicialmente, el gobierno estableció que el empadronamiento debía efectuarse el pasado 16 de noviembre, pero lo postergó para 2024 argumentando “problemas técnicos” y la necesidad de “despolitizar” el proceso censal.
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