Colombia introdujo la posibilidad de una sentencia de prisión de por vida por la violación o asesinato de niños, luego de impactantes denuncias de agresión sexual infantil por parte de miembros de las fuerzas armadas.
El presidente Iván Duque firmó la reforma constitucional este miércoles, diciendo que su propósito era “la defensa irrestricta de los niños de Colombia”.
La medida, ya aprobada por el Congreso, marca un cambio histórico en el código penal colombiano.
Hasta ahora, encarcelar de por vida no era una pena por ningún delito en Colombia. Según la reforma, se levanta la prohibición de “cadena perpetua” en el artículo 34 de la Constitución y los legisladores tienen un año para establecer nuevas pautas de sentencia para casos de violación y asesinato de niños.
El cambio siguió a las revelaciones de que docenas de miembros de las fuerzas armadas presuntamente abusaron de menores durante un período de cuatro años. Las acusaciones en junio de dos casos separados de soldados que agredieron sexualmente a niñas indígenas se convirtieron este mes en un escándalo nacional.
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El 1 de julio, el comandante del Ejército, alcalde general Eduardo Zapateiro, reveló que al menos 118 militares habían sido investigados desde 2016 por “presunto abuso sexual y actos violentos contra menores”. Cuarenta y cinco habían sido retirados del ejército, dijo.
Dos días después, el Ejército dijo que otros 31 soldados habían sido expulsados, incluyendo “12 suboficiales y 19 soldados”.
Ninguno de los soldados investigados ha sido acusado todavía.
Una de cada tres mujeres
La violencia sexual es común en Colombia. De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas de 2019, una de cada tres mujeres colombianas dice haber sido víctima de violencia sexual, y la mayor parte de esa violencia está dirigida a menores.
Según las cifras recopiladas por la Fundación Feminicidios Colombia, 8.532 mujeres y niñas dijeron que habían experimentado violencia sexual en los primeros cinco meses de 2020. Más de 5.800 eran menores de 18 años.
Esas cifras son consistentes con el número de casos recogido en lo que va del año por el Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia: de los 7.544 exámenes médicos realizados en todo el país desde enero para determinar si se cometió violencia sexual, 6.479 se realizaron en menores.
Los dos incidentes que conmocionaron a la nación surgieron en junio.
Primero fue el caso de siete soldados que confesaron haber abusado sexualmente de una niña de 12 años del grupo indígena Embera atio, en la región noroeste de Risaralda el 25 de junio. Los siete soldados están actualmente detenidos y en espera de juicio.
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Cinco días después, la subsecretaria de Justicia de Colombia, Martha Janet Mancera, dijo que una menor indígena de 15 años de la comunidad Nukak Maku en la región centro-sur del Guaviare, dijo a las autoridades que había sido abusada sexualmente por soldados en septiembre de 2019.
Un informe militar obtenido por CNN detalla una queja presentada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del estado que describe la presunta captura y violación de la niña por ocho soldados. “[Ella] indicó que fue abusada sexualmente muchas veces por los [soldados] durante el período de su retención”, dijo el informe del 20 de enero de 2020.
Mancera confirmó los detalles del informe militar a CNN. “Estamos investigando con base en lo que la menor nos ha dicho en su reducido conocimiento del español. Dijo que un soldado la llevó al batallón donde fue violada durante 5 días”, dijo el fiscal general adjunto.
Otros 12 casos de abuso sexual contra niñas indígenas en la comunidad Nukak Maku también están siendo investigados, anunció Mancera después de un viaje a la región el 4 de julio. Tres de los 12 casos involucran a miembros del ejército, dijo.
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