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Durante el pasado fin de semana se llevó a cabo un nuevo proceso de expulsión masiva de migrantes. Esto ocurrió a pesar de que diversas instituciones, incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han criticado duramente esta medida.

Es una situación bastante preocupante e indignante”, sostuvo Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita Migrante (SJM), quien cuestionó estos procedimientos ya que “no hay un análisis caso a caso” y las personas no tienen la posibilidad de “hacer sus descargos y defenderse”.

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En conversación CNN Chile, detalló que las expulsiones ocurren los fines de semana, lo cual representa “mucha dificultad”, ya que las Cortes de Apelaciones no sesionan. “Hay personas que presentaron recursos de amparo que no alcanzaron a ser analizados por las cortes y fueron expulsadas“, dijo.

Estas personas no tuvieron el derecho de que sus casos fueran analizados en su particularidad, para evaluar si había situaciones en las que ellos requiriesen refugio, si están siendo perseguidos en su país de origen o si tienen vínculos familiares o arraigo en Chile”, detalló.

Al ingresar los recursos de amparo, eventualmente se pueden detener las expulsiones y realizar análisis más detallados. Sin embargo, Ureta criticó que los procedimientos comienzan los viernes y cuando ellos logran tener los antecedentes para hacer los recursos “ya es tarde”.

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Nosotros lo vemos como la imposibilidad de las personas de tener acceso a la justicia”, añadió. Por su parte, desde el Gobierno han señalado que el procedimiento se ajusta al derecho y que muchas de las de personas expulsadas habían sido condenadas en Chile o sus países de origen.

“Es muy importante que las personas que tienen delitos pendientes cumplan sus penas (…) Lo que nosotros estamos diciendo es que no podemos meter a todos en el mismo saco”, afirmó Ureta, ya que, de los 56 migrantes, cerca de 37 solo tenían sanciones administrativas por ingresos en pasos no habilitados.

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