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Distintos organismos han reaccionado de manera crítica al veto presidencial al proyecto de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.

Dicha iniciativa, fue congelada por el presidente Sebastián Piñera, con un mensaje enviado a la comisión de Familia de la Cámara Baja, en el que propone cambios a 7 artículos relacionados al derecho de los padres o tutores para el resguardo de la intimidad o imagen de los menores.

Una de las entidades que cuestionaron la determinación del Ejecutivo, fue Asociación Nacional de Magistrados. En conversación con CNN Chile, su vicepresidenta, Verónica Vyzamal, sentenció que el veto representa un “retroceso en la efectivización” de derechos de la infancia en nuestro país.

“Este veto desconoce el carácter de sujeto de derecho de los niños, niñas y adolescentes, al negarles una representación jurídica y así su acceso a la justicia”, señaló la representante de los magistrados del país.

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Respecto a los reparos del Ejecutivo con el proyecto, Vymazal apuntó que la ley no limita “en ningún caso” la facultad de los padres, si no que reconoce: “el derecho del niño de ser oído, a expresar su voluntad y que esta voluntad los adultos la escuchemos y determinemos cómo cumplir con él, de una manera que proteja a los niños, niñas y adolescentes”.

La jueza además recordó que la autonomía progresiva de los menores, es algo que viene siendo demandado por organismos internacionales y por la Convención de los Derechos del Niño, al Estado de Chile. Del mismo modo, señaló que reconocer esta autonomía es inherente a la calidad de persona de los menores.

Respecto a los acuerdos internacionales a los que ha suscrito nuestro país en a materia, la magistrada advirtió que que en 2018 el comité de los Derechos del Niño, determinó que Chile se encuentra en deuda con los menores de edad, desde un punto de vista legislativo, judicial y de políticas públicas.

Está la posibilidad de una demanda internacional. Nosotros, el poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial hemos tenido que informar anualmente sobre el avance en estas observaciones y continuamos en deuda. Por ende, esto puede servir para fundar una demanda internacional”, advirtió finalmente Vymazal, sobre las distintas carencias que actualmente tiene nuestro sistema judicial y legislativo con los niños, niñas y adolescentes.

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