Entre el domingo y lunes se vieron las ultimas aglomeraciones en el aeropuerto Arturo Merino Benítez a raíz de las medidas implementadas por la autoridad sanitaria. De esta forma se dio inicio a las limitaciones en las fronteras. Aquello no solo afecta al rubro aéreo, sino que también los pasos terrestres para entrar a Chile en los que se debe acreditar un test negativo para ingresar.
Silvia Sudol, co-directora de Transporte Internacional de la Federación Argentina, que trabaja de manera conjunta con el Consejo Empresarial de Transporte de Cargas del Mercosur Bolivia-Chile (Condesur), hizo evidente su preocupación de cara al cierre de fronteras que enfrenta nuestro país en el marco de la pandemia de COVID-19 y las nuevas variantes que han aparecido en diferentes zonas de la región.
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Sudol aclaró que no cuestionan las restricciones para evitar que sus conductores sean controlados, pero sí puntualizó que sus reparos se deben a la importancia que tiene el rubro de transportes a nivel global: “Lo que tratamos de decir es que es una actividad esencial y, además esa esencialidad, tiene que ver con el abastecimiento de productos prioritarios para que los países puedan alimentarse y tener justamente aportes a tu salud a los hospitales a productos medicinales”.
Advierte que, en asociación con el Condesur, tomaron la decisión de elaborar un documento que enviarán hoy a las autoridades locales para evitar que las medidas se prolonguen y esperan que se replique la situación que tuvo lugar en Uruguay, cuando también decidieron hacer un cierre.
“Buscaremos una forma distinta de negociación, que seguramente va a suceder, porque estoy segura que el gobierno de Chile nos va a tener en cuenta y va a convocar a las autoridades de los demás países de la región para poder trabajar sobre esto, como lo hizo el gobierno de Uruguay hace unos meses“, comentó.
Lo que está en duda, y una de las principales aristas para destrabar el eventual debate entre las entidades regionales y el Gobierno, es el costo de los test PCR que se deben realizar los choferes pertenecientes a la organización para ingresar al país dado que, por el momento, es de absoluto cargo de las empresas.
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Lo que solicitan desde la entidad -y que pretenden solicitar al Ejecutivo- es que el valor de los test sea de responsabilidad gubernamental o, al menos, una parte de estos sea cubierto como lo hicieron e Uruguay, donde primero se dispusieron a colaborar con el 50% de las pruebas y posteriormente cubrieron todo el proceso.
El costo de la demora en la frontera por la larga espera de los resultados, que también esperan zanjar cuando se reúnan con el Gobierno pidiendo que se puedan realizar test rápidos, es de “400 a 500 dólares diarios por cada camión”, explica Sudol, por lo que “nosotros como Cámara y las federaciones de empresarios, el día domingo aconsejamos a nuestros asociados que no envíen camiones a Chile”, cerró.
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