Durante esta jornada se realizó una sesión especial del Congreso para discutir el proyecto de ley que busca suspender el cobro de aranceles y matrículas a estudiantes de educación superior en medio de la crisis sanitaria que ha generado el COVID-19.
La iniciativa, presentada por la diputada Maya Fernández y su par Juan Santana (ambos del PS), no es vista con buenos ojos por el Consejo de Rectores, ya que han sostenido que puede perjudicar a las casas de estudio como al resto de la comunidad educativa.
Uno de los participantes de la sesión fue Carlos Williamson, rector de la Universidad San Sebastián, quien apuntó en entrevista con CNN Chile que “este proyecto busca un fin bastante loable, hay una situación económica compleja”, sin embargo, dice que hay mejores alternativas.
En concreto, lo que busca el proyecto es que los aranceles de cuatro meses, el período estimado por la emergencia sanitaria, se reprograme para 24 meses a futuro. Es decir, si se negocia hoy, se tendría que pagar entre el 2021 y 2022.
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“El problema es que establece durante cuatro meses el no pago de aranceles. Para muchas universidades, especialmente las que no están en gratuidad, eso es muy complejo”, dijo Williamson, quien asegura que “es un buen fundamento, pero no es la solución”.
Ademas, cuestiona que el conflicto persistirá en el futuro, por lo que, en el fondo, lo que se estaría haciendo es “chutear la pelota para delante”. “El problema en el corto plazo es que no hay capacidad de financiar por parte de las familias una sobre cuota que corresponde al mes, más la reprogramación“, sostuvo en conversación con CNN Chile.
En detalle, Williamson también informó que la U. San Sebastián reprogramará “la cuota de abril y mayo en un 50%, rebajando la cuota para pagarse el 2021” y que evalúan la posibilidad de que los estudiantes en una situación más compleja puedan pagar estos dos meses al egreso, “pero las universidades tienen límites. No podemos reprogramar la situación de todos los estudiantes“.
Es por lo anterior, que el rector de la universidad plantea dos posibles soluciones.
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Una especie de Fogape (Fondo de Garantías a Pequeñas Empresa) “para atender aquellas universidades que tienen problemas de financiamiento, pero que no vaya a las universidades directamente, sino a los estudiantes“, planteó.
La otra alternativa apunta a un “crédito con aval del Estado de emergencia por seis meses, para que esos estudiantes que hoy no pueden pagar, paguen al egreso, cuando ya estén trabajando”.
“El sector privado no puede resolver un problema que es de marca mayor, de agenda país, el gobierno tiene que buscar la manera de solucionar el problema que se vine y puede ser grave“, concluyó.
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