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Durante la jornada de hoy, en la comisión mixta del Senado se discutió la ley corta de descentralización, que establece las herramientas que tendrán los nuevos gobernadores regionales.

Sin embargo, la mayoría de estas nuevas autoridades no están satisfechas con lo que está estipulado actualmente en este proyecto.

El gobernador de la Región de Los Lagos, Patricio Vallespín (DC), conversó con CNN Chile para detallar cuales son los problemas que tienen con esta ley.

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“El gobierno ha insistido en que quiere imponer lo que ya rechazó la Cámara de Diputados, que eran las indicaciones que venían del Senado. Desgraciadamente, nosotros teníamos agendada una reunión con el presidente Sebastián Piñera, para avanzar en el tema de descentralización. Pero parece que sus ministros no están bien alineados, ya que siguen avanzando en proyectos que lo que hacen es limitar aún más las herramientas que pueden tener los gobiernos regionales”.

Una ley que calificó como “muy confusa en algunos puntos” y “con cosas aberrantes“.

El Gobernador aseguró que con este proyecto el gobierno podrá negar fácilmente las solicitudes de atribuciones que presenten durante su período. “La ley permite solicitar nuevas competencias a los gobernadores regionales y el gobierno a nivel nacional tiene seis meses para responder. Lo aberrante es que si pasado esos seis meses no hay respuesta, la competencia solicitada se entiende rechazada”, señaló.

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Para él, lo fundamental es que “se establezca en la ley que el rol de coordinar a las instituciones públicas de la región es el gobernador electo por los ciudadanos. Ya que es el principio democrático que quien es elegido tiene mayor legitimidad para ejercer esa función. Y en ese aspecto creemos que el proyecto no va en la línea indicada”.

Vallespín aclaro que la relación con el delegado presidencial de su región ha sido bastante cooperativa, pero en muchas otras “han ocurrido cosas inaceptables“.

“En nuestra región estamos en una mirada de cooperación. Pero en otras ha pasado cosas inaceptables, como la de Magallanes o Coquimbo. Donde se ha oficiado a los seremis que no se pueden reunir con los Gobernadores sin su presencia o autorización. La ley nos da la facultad de supervisar a los servicios públicos, por lo tanto, esos casos son inaceptables y un ejemplo de abuso de poder“, concluyó.

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