Por Mónica Rincón
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En las sentencias del fraude para el sistema de admisión de las universidades en EE.UU. en que el empresario chileno Carlos Huneus fue condenado, es imposible no notar una vez más la diferencia abismal entre cómo se castigan en otros lugares los delitos de cuello y corbata y de los más poderosos. En ese caso, se entiende que al burlar un sistema de admisión se priva a los menos privilegiados de competir en buena lid. Se daña la confianza en las instituciones y se traiciona un contrato social.

En Chile en cambio, la severidad de la sanción social entre los más privilegiados para lo que no se delitos de sangre, violentos o robos de poca monta es baja.

Y cuando se trata de hechos que no son necesariamente delito ahí la evaluación ética, pierde la brújula transversalmente. Sólo algunos ejemplos.

Desde el antiguo caballo que durante el gobierno de Eduardo Frei recibió sin cuestionarlo el ministro de la Vivienda, Francisco Pérez Yoma, de parte de la constructora COPEVA responsable de las casas de plástico, hasta nuestros días.

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Como cuando la presidenta de la UDI criticó a la Fiscalía y lo califica de brazo armado de la izquierda por investigar al ex subscretario Salaberry y a su hermana ex funcionaria municipal para ver si hubo tráfico de influencia. Lo halla exagerado.

O la nuera de Michelle Bachelet que sigue sin admitir que era impresentable reunirse con Andrónico Lusksic ella y su marido, siendo parientes de la obvia futura Pdta.

Y cuarto ejemplo de la semana pasada, el Ministro de Agricultura cree que no hay conflicto de interés en que opine e impulse derechos de agua indefinidos cuando participa minoritariamente de sociedades que los tienen.

Los conflictos de interés no se resuelven obligándonos a confiar en la bondad de los que lo tienen, sino con normas. Tampoco se refieren solo a decidir a favor de algo sino también en contra. Y claro previo, pero no suficiente, transparentarlo. La palabra clave es abstenerse.

Los conflictos de interés, como la debilidad para castigar a los más poderosos, refuerzan la certeza del privilegio. Y si quieren que los ciudadanos se sientan más desapegados de las instituciones, las autoridades pueden seguir cerrando los ojos ante lo evidente.

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