El expresidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, cuestionó la legalidad de algunas interceptaciones telefónicas realizadas en el marco del caso ProCultura, incluyendo la grabación de una conversación del Presidente Boric.
En conversación con CNN Chile Radio, el expresidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, expresó profundas inquietudes respecto a la legalidad de ciertas interceptaciones telefónicas en el marco del caso ProCultura, especialmente aquellas que involucraron conversaciones privadas del Presidente Gabriel Boric.
La investigación, que apunta al eventual desvío de recursos públicos a través de fundaciones ligadas al Frente Amplio, ha generado un intenso debate institucional. Uno de los elementos que ha despertado mayor controversia es el acceso a comunicaciones del jefe de Estado, pese a que el tribunal competente rechazó expresamente una solicitud de interceptación de su línea telefónica.
“Que se haya terminado grabando una conversación del Presidente de la República no es un hecho menor. Esa grabación no aporta elementos probatorios relevantes, pero sí tiene un impacto institucional considerable”, afirmó Drago. En este sentido, cuestionó duramente la interceptación telefónica realizada a Josefina Huneeus, ex pareja de Alberto Larraín, exdirector ejecutivo de ProCultura.
Según explicó, no existen antecedentes que justifiquen dicha medida bajo los parámetros legales vigentes: “Ella no es imputada, ni aparece como intermediaria. Me parece que la Corte de Apelaciones deberá revisar si esa interceptación cumplió con los requisitos que exige la ley”.
Aunque descartó la existencia de espionaje político como tal, Drago planteó que no toda interceptación debe asumirse como válida por el solo hecho de contar con autorización judicial.
Finalmente, se refirió a la indagación administrativa abierta por la Fiscalía de Coquimbo tras la filtración de la conversación entre el Presidente Boric y la ex pareja de Larraín. A su juicio, este tipo de investigaciones rara vez arroja resultados concretos: “Hasta ahora no hemos visto sanciones. Si se va a perseguir una filtración, debe hacerse con el mismo estándar para todas. No puede haber un enfoque selectivo”.
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