En conversación con Tolerancia Cero, el ministro Luis Cordero explicó que la jefa jurídica de la Segpres actuó dentro del ámbito técnico que le correspondía y subrayó que la responsabilidad final recae en el presidente Gabriel Boric.
El ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió este lunes a la polémica por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, operación que derivó en la destitución de la senadora Isabel Allende por inhabilidad constitucional. En particular, abordó el rol de la jefa jurídica de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Francisca Moya, quien participó en el proceso administrativo que autorizaba la transacción.
En conversación con Tolerancia Cero, Cordero respondió a las críticas respecto de la supuesta omisión de Moya, quien reconoció haber advertido la regla constitucional que impedía la compraventa, pero se excusó señalando que su revisión se limitaba a un aspecto específico del decreto.
Ante la consulta sobre si era adecuado que una asesora presidencial no advirtiera la inconstitucionalidad del acto, el ministro sostuvo que su intervención se acotó al ámbito técnico que le correspondía.
“Eso es una explicación técnica que tiene que ver en qué le correspondía verificar en el caso de ella, que es una discusión relativamente similar respecto de por qué la Contraloría tomó razón”, señaló.
Francisca Moya, jefa de la Comisión Jurídico-Legislativa de la Segpres, reconoció este lunes, ante la Comisión Investigadora de la Cámara Baja, que conociendo la inhabilidad para concretar la compra de la casa de Salvador Allende / AgenciaUNO.
Consultado directamente sobre si Moya actuó correctamente, Cordero fue enfático en deslindar esa responsabilidad en el jefe de Estado.
“Respecto de la corrección que le corresponde a quien está a cargo de la revisión de la firma del presidente, es un asunto que le corresponde evaluar al presidente de la República“, afirmó.
Respecto de las críticas por la falta de advertencias institucionales previas, el ministro reconoció que las consecuencias del caso superan el ámbito técnico y deben ser analizadas desde una perspectiva más amplia.
Finalmente, Cordero enfatizó que el impacto político del episodio es profundo y revela los límites de una mirada exclusivamente jurídica.
“Este suceso (…) tiene un impacto político y en la herencia de la centroizquierda que es bien significativa. Es un ejemplo donde las consideraciones estrictamente jurídicas a veces tienen consecuencias políticas muy significativas“.
Monseñor Jordi Bertomeu, enviado especial del Papa para indagar los abusos en Chile, conversó con Matilde Burgos en CNN Chile y dio cuenta de cómo fue que Francisco corrigió esa mirada.
