La presidenta del gremio, Patricia Ibarra, advirtió que el uso de herramientas institucionales contra fiscales activos en causas por uso de fondos públicos podría interpretarse como un intento de interferencia.
La Asociación de Fiscales expresó su preocupación por las presiones que, a su juicio, estaría recibiendo el Ministerio Público en medio de investigaciones que involucran a figuras de alta connotación pública y uso de fondos estatales.
En entrevista con CNN Chile Radio, la presidenta del gremio, Patricia Ibarra, advirtió que ciertas acciones impulsadas desde el Congreso podrían interpretarse como intentos de entorpecer el trabajo de los fiscales.
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La declaración se dio en el contexto de la solicitud presentada por parlamentarios del Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) para remover al fiscal Patricio Cooper, quien lideró indagatorias sensibles como el Caso ProCultura, la compraventa fallida de la casa de Salvador Allende y la causa relacionada con la Clínica Sierra Bella.
“Esperamos que efectivamente la Corte Suprema conozca los antecedentes y resuelva conforme a derecho, porque efectivamente se podría interpretar como ataques por distintos frentes, y eso podría buscar, tal vez, lo que persiguen, ¿cierto?, es disminuir la intensidad de las diligencias efectuadas por el fiscal”, señaló Ibarra.
#CNNChileRadio | Presidenta de Asociación de Fiscales, Patricia Ibarra, habla sobre cuestionamientos a persecutores por caso ProCultura.
“Hay que apelar a la prudencia y esperar la decisión de los tribunales”.
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Durante la entrevista, Ibarra rechazó los cuestionamientos de sectores políticos que han acusado una supuesta persecución por parte del Ministerio Público hacia autoridades o exautoridades afines al oficialismo. A su juicio, los fiscales actúan con objetividad, sin importar la filiación política de quienes resulten investigados.
“No dependemos de decisiones políticas. Se investiga a quienes administran fondos públicos, cosa que años atrás tal vez no ocurría en Chile”, afirmó.
Añadió que muchas de estas críticas surgen cuando las personas investigadas pertenecen al mismo sector político de quienes hacen las declaraciones. “Yo creo que aquí hay que apelar a la prudencia y a esperar que resuelvan los tribunales”, dijo.
#CNNChileRadio | Presidenta de Asociación de Fiscales, Patricia Ibarra, y cuestionamientos hacia la labor persecutora en el país:
“Los fiscales somos objetivos y no dependemos de colores políticos”
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Otro punto abordado por la presidenta de la Asociación de Fiscales fueron las filtraciones de información confidencial que han salido a la luz en medio de investigaciones de alto perfil, como la divulgación de conversaciones telefónicas de Josefina Huneeus, ex pareja de Alberto Larraín y psiquiatra del presidente Gabriel Boric.
Ibarra reconoció que las filtraciones son un problema serio para el éxito de las investigaciones y señaló que, aunque el Ministerio Público ha tomado medidas para restringir el acceso a las causas, muchas veces las filtraciones ocurren cuando las carpetas ya han sido entregadas a defensores, querellantes u otros intervinientes.
“Una vez que se entregan copias, se escapa del control del Ministerio Público. Se han aplicado sanciones administrativas a personas que accedieron indebidamente a causas, pero desde el punto de vista penal, no hay resultados concluyentes”, explicó.
También pidió avanzar en la modernización de los sistemas informáticos del Ministerio Público para mejorar la trazabilidad de accesos internos y saber quién revisa cada causa.
#CNNChileRadio | Presidenta de Asociación de Fiscales, Patricia Ibarra.
“Es preocupante. Hemos visto que ha habido filtraciones y estas afectan las investigaciones. (…) Los fiscales queremos que se mantengan en reserva”.
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Consultada sobre los mecanismos de control del trabajo fiscal, Ibarra aseguró que estos deben fortalecerse dentro del propio Ministerio Público, pero advirtió que también se debe considerar la posibilidad de revisar la legislación vigente en torno al secreto profesional de los periodistas, especialmente cuando se filtra información sensible.
“En Chile, el secreto es absoluto. En otros países puede ceder si hay interés público. Tal vez debiéramos revisar eso también”, planteó.
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“Se podrían revisar las normas de secreto absoluto de los periodistas”.
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En cuanto al uso de medidas intrusivas como las interceptaciones telefónicas, defendió que siempre se requiere autorización judicial y que corresponde a los tribunales decidir si existen o no antecedentes suficientes para su aprobación.
“En pedir no hay engaño, pero el tribunal tiene la última palabra. En el caso del presidente Boric, se solicitó una interceptación y fue rechazada”, recordó.
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“Los fiscales no pueden tener control 24/7 de lo que ingresa o no en una causa”.
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