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A mediados de octubre, IPSOS y Fundación Paz Ciudadana presentaron un nuevo estudio en el que analizaron la situación delictual en el país, la percepción de inseguridad de la población y la evaluación ciudadana respecto a las autoridades e instituciones encargadas de la seguridad pública.

En conversación con CNN Chile, Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de IPSOS, detalló que en el 31,6% de los hogares consultados, al menos una persona fue víctima de robo o intento de robo en los últimos seis meses. “La cifra es alta, pero no es la más alta que hemos observado en el tiempo”.

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“Es un número mucho mayor respecto al 2020, pero (…) si nos remontamos al 2019, esta cifra era prácticamente del 41%. En 2020, bajó hasta un 27% y ahora está volviendo a subir en forma alarmante, pero era de esperar porque el año pasado estábamos en una condición totalmente distinta”, añadió.

Según los datos, el 91% de los delitos se registraron en la vía pública, siendo el 28% de ellos catalogados como violentos. “Son más violentos respecto de lo observado en el último tiempo (…) Un 28% dijo que la situación que vivió fue violenta y esa cifra es cuatro puntos mayor de la que veíamos un año atrás”.

Confianza y legitimidad en las instituciones

La nueva investigación mostró una caída en la evaluación de muchas autoridades e instituciones encargadas de velar por la seguridad, especialmente Carabineros. Según la especialista de IPSOS, hay una series de aspectos fundamentales que fueron revelados.

“Lo que observamos a partir del año 2016, es una caída progresiva de la evaluación que hacen las personas respecto al trato policial y al despliegue policial en función de las denuncias. Entonces, hay una sensación o unas experiencias que se han ido deteriorando con el tiempo”, detalló Ojeda.

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A ello se suma “una pérdida de confianza en la institución”. Esto fue propiciado por lo ocurrido en 2016, cuando se revelaron casos de fraude al interior del organismo, y por el estallido social, donde hay todo un contexto de “denuncias en materia de derechos humanos”.

Finalmente, Ojeda afirmó que no basta con una reforma a Carabineros, ya que “es el sistema de justicia penal en forma coordinada el que tiene también que entregar señales claras”. “Es correcto avanzar en el camino de la reforma a Carabineros, pero no puede ser el único elemento en el que se base el cambio de la percepción ciudadana”.

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