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De acuerdo a información obtenida vía transparencia por el Laboratorio de Seguridad,  el Gobierno cerró el año 2018 con 34.304 detenidos producto de las rondas policiales masivas. De estas, sólo el 12,1% de las detenciones corresponden a delitos violentos, el 24,68% a faltas contra la propiedad y el 63.1% a otros delitos de menor relevancia.

El fundador de Laboratorio de Seguridad, Eduardo Vergara, criticó en Última Mirada que con las rondas masivas el Ejecutivo sólo generó un impacto mediático, mientras que el impacto real de la detención o la calidad “sigue siendo extremadamente baja”.

Vergara señaló que tanto Carabineros como la PDI son instituciones sumamente importantes para la democracia porque “son la cara más visible del Estado”, y que, por lo tanto, “si la oposición se dedicara un cuarto del tiempo que se dedica a pedir renuncias, a pensar y elaborar propuestas de seguridad pública, podríamos decir a final de 2019 que somos un mejor país”.

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Pobreza y seguridad

El experto afirmó que “la desigualdad también se expresa en la seguridad pública” al considerar dónde existen más y mejores recursos policiales y dónde toman lugar las rondas masivas.

Según Laboratorio de Seguridad, las comunas con pobreza multidimensional muestran reducciones delictuales de hasta el 19%, mientras que en las comunas con mayor pobreza multidimensional sucede lo contrario, con aumento de delitos.

“El delito se va desplazando. Porque cuando en Las Condes o en Vitacura o Lo Barnechea tenemos un globo, drones o capacidad de poner seguridad privada que complemente a la seguridad pública, tú no exterminas ese delito, no lo haces desaparecer, lo que haces es que lo vas barriendo hacia la comuna con menos recursos“, explicó Vergara.

De hecho, señaló que “a los mejores carabineros muchas veces los envían a las comunas más pudientes como premio”.

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“La seguridad, al transformarse en una retórica política extremadamente conveniente, en una forma de subyugar a los que menos tienen, al final del día lo que termina haciendo es que afecta desproporcionadamente a los que menos tienen, y la seguridad progresivamente se va reservando para los que más tienen. Hablar de seguridad ciudadana en Chile es hablar de desigualdad“, comentó.

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