“Una pésima señal”. Así calificaron los abogados del gobierno la decisión del Ministerio Público de dar suspensión condicional a 26 imputados por saqueos. Se entiende la queja, porque la Fiscalía podría haberlos condenado a 61 días de pena remitida, o sea, sin cárcel. Después de todo, la política de persecución criminal implica relevar la importancia de castigar delitos que dañan al país.
Pero el problema, tal como se los recordó el fiscal nacional, es que cuando dichos abogados representaban a acusados de financiamiento ilegal de la política, tenían una postura por completo opuesta y avalaban estos caminos de salidas alternativas respecto de infracciones a la ley que le causaron un tremendo daño a nuestra democracia.
Hoy Jorge Bofill argumentó que no es lo mismo, porque según él, en los casos de platas políticas los fiscales perseguían actos que no eran delitos y que así lo había declarado siempre la Corte Suprema.
Eso no es verdad. Y para ejemplo está el caso del senador Iván Moreira, desaforado por el máximo tribunal justamente porque había antecedentes suficientes como para indagar la comisión de un eventual delito.
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En medio de este estallido social, cuyo reclamo profundo es la desigualdad, es bueno recordar que dejar conductas ilícitas sin castigo efectivo, siempre es malo. Y que aunque una suspensión condicional en estricto sentido no sea lo mismo que impunidad penal, se parece demasiado.
El NO a la impunidad frente a delitos como saqueo o destrucción de inmobiliario público tiene que oírse igual de fuerte que el NO a la impunidad para los delitos económicos.
No al saqueo encapuchado o al de cuello y corbata. Ya lo advertía el ex supremo Milton Juica: la gente, con razón, siente que hay dos tipos de justicia. Y si la Justicia no es ciega, no es Justicia.
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