El debate está instalado. El proyecto que lideran las diputadas Camila Vallejo y Karol Cariola, que pretende disminuir de 45 a 40 horas la jornada laboral, se tomó la agenda pública. Más cuando según sondeos, tiene alto respaldo ciudadano. Según algunos, más de 70%.
Frente a esos números ha sido difícil para el Gobierno defender su proyecto de flexibilidad laboral, que aseguran también disminuiría la horas de trabajo. ¿Cómo pueden los ciudadanos saber qué iniciativa es mejor? ¿Qué beneficios y costos tiene cada una?
La Moneda ataca el proyecto de Vallejo y Cariola y ellas lo defienden. El problema es la calidad del debate cuando se le pregunta al ministro del Trabajo qué efectos negativos tendría la reducción de jornada y en qué se basa para decirlo.
“¿Cómo se le ocurre que yo voy a decir ‘esta reducción de jornada va a cerrar tantas empresas’? (…)
Hay estimaciones evidentes, de sentido común”, dijo Nicolás Monckeberg en Marca Registrada.
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Nada tan distinto al otro lado.
“Mentiría si dijera que en este momento tenemos un estudio de impacto absoluto de lo que va a significar para el país, cuántas empresas en concreto se van a cerrar o cuántas empresas se van a abrir, o cuántos empleos se van a cerrar o se van a abrir”, dijo Cariola también en Marca Registrada.
Es evidente que nadie puede exhibir estudios empíricos, porque otros países no son necesariamente comparables con Chile. Pero uno esperaría de todos los sectores políticos tener a lo menos proyecciones propias (más allá de un artículo de prensa, como citó la diputada Vallejo, o de las palabras del ex ministro Valdés, como citó el ministro Monckeberg) para poder calibrar costos y beneficios no sólo de una reducción de la jornada.
Todos podemos intuir en qué sería positiva, pero la intuición no basta. Hasta ahora unos parecen querer legislar desde el miedo y otros desde el deseo.
Con todo respeto, el problema no son las preguntas, sino la falta de respuestas o de respuestas con evidencia. Porque para hacer políticas públicas no basta el “sentido común”.
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