Padres enseñándoles a sus hijos que el esfuerzo y el mérito no importan. Que lo que el talento o la inteligencia no pueden, lo paga la billetera. 25 millones de dólares en sobornos, en el fraude en la admisión a prestigiosas casas de estudio norteamericanas.
Donde, cuando al aspirante miembro de acaudaladas familias no le alcanzaban las notas para entrar a una universidad por la puerta del frente, le abrían una por el lado, perjudicando a aquellos alumnos de menos recursos económicos que sí merecían estar en esas salas.
Pero hoy los involucrados arriesgan hasta 20 años de cárcel. Porque en EE.UU. se toman en serio estos delitos. ¿Qué hubiera ocurrido en Chile? Si se tratara de una universidad pública, se podría haber perseguido el soborno. Pero si se tratara de una institución privada, nada. Ni un día tras las rejas.
Porque aunque la ley anticorrupción fue modificada en 2018 y se creó el delito de corrupción entre privados, sólo se castiga un tipo muy restringido de esa clase de corrupción: preferir a un oferente sobre otro a cambio de dinero. Pero, por ejemplo, pagar por adulterar exámenes médicos o para adjudicarse un negocio, eso no es delito de corrupción en Chile.
Para variar, la legislación se quedó a medias, como tantas veces respecto de delitos de cuello y corbata. Como con las bajas multas al que se colude o cuando se necesita acción previa del Servicio de Impuestos Internos antes de que el Ministerio Público pueda perseguir penalmente delitos tributarios
Como dijo el fiscal norteamericano a cargo del caso, “no puede haber un sistema de admisión diferente para las personas adineradas, pero sobre todo, no puede haber tampoco un sistema judicial diferente para ellos”.
Mientras en la práctica esto no sea realmente cierto en nuestro país, no digamos que en Chile somos ejemplo de probidad. Porque dar a medias la pelea contra la corrupción, es igual a no darla.
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