Por Mónica Rincón
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Corrupción. Más allá del tipo penal con el que se persiga, eso es lo que se investiga hace tiempo por parte de la fiscalía en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) entre los años 2014 y 2019.

Se indaga a funcionarios de ese ministerio que habrían creado empresas para influir en licitaciones y que habrían recibido coimas. 20 personas serán formalizadas mañana y entre ellas hay funcionarios públicos de otras reparticiones. La persecución penal es por fraude al fisco, cohecho y lavado de dinero.

Importante que se estuvo atento al momento en que el patrimonio de los funcionarios públicos parecía exagerado en relación a su sueldo y se encendieron las alertas, alertas que ya hubiéramos querido en casos como los desfalcos al interior del Ejército o Carabineros.

En una mala noticia hay dos aspectos positivos que destacar: uno es que en 2018 se subió en un grado la pena del cohecho y se creó la figura del cohecho sin contraprestación, o sea, ya no hay que demostrar que hubo un favor concretado a cambio del dinero que se ofreció o que se pidió.

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El otro aspecto destacable es que Fiscalía puede perseguir este tipo de ilícitos sin depender de que otros organismos decidan hacerlo. Y eso nos lleva de vuelta a la necesidad urgente de que en el caso de los delitos tributarios, electorales, de colusión o aduaneros se establezca la acción penal pública para que el Ministerio Público no dependa de la voluntad de otros para perseguir delitos que socavan la confianza en las
instituciones y achican las arcas fiscales. Arcas que, por el contrario, se resguardan cuando se persigue a los delincuentes de cuello y corbata. Un ejemplo: la evasión del iva cayó 2% en 2015 y 2% en 2016, tras el caso Penta.

Siempre la corrupción es grave y siempre perjudica a los de menos recursos: cuando, como en el caso del Minvu, fondos públicos terminan en bolsillos ajenos, cuando se evaden impuestos que debieron financiar políticas públicas y no enriquecer a privados, cuando un funcionario es coimeado y en muchos casos más.

Corromper o corromperse es meterle la mano en el bolsillo de todos los chilenos. Es, en una palabra, robar.

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