Como dice el dicho, una buena y una mala.
La mala noticia es que el presidente Sebastián Piñera por años pagó contribuciones bajísimas por las 20 hectáreas en el Lago Caburgua donde construyó tres casas, pero como no hizo el trámite de recepción final ante la municipalidad, el SII no las pudo tasar y hacer que pagara las contribuciones reales.
La Tesorería ha explicado que las normas le impiden cobrar de manera retroactiva -al mandatario o a cualquiera- más allá de tres años porque el resto de la deuda prescribe.
La mala noticias entonces es que no es la única destacada figura pública que paga menos contribuciones de las que debiera. Los ocho hermanos Chadwick pagaban $32 mil por un terreno en pleno San Damián en las comuna de Las Condes que se decía valía $21 millones al aparecer como agrícola, cuando en verdad constaba US$15 millones. Mismo caso, pero con otras cifras, de la familia de Eliodoro Matte.
Nada de esto es estrictamente ilegal, pero claramente no es correcto. Refuerza la sensación de injusticia en ese ciudadano al que todos los días las autoridades le recalcan que debe cumplir con sus deberes económicos y políticos.
Con mayor razón, a una alta autoridad o a los que tiene más recursos cabe medirlos ni siquiera con la misma vara, sino con una más alta. Con una que tiene como norte la ética y la justicia y no sólo la ley a la que, por lo demás, es bastante fácil torcerle la nariz o el espíritu.
Decía que en esto hay una mala y una buena. La mala ya la sabemos. La buena es que, según el Código Penal y el Tributario, la prescripción de tributos es un derecho que beneficia al contribuyente: en este caso al presidente Sebastián Piñera. La prescripción hay que alegarla.
La buena noticia entonces es que se puede renunciar a esa prescripción y si hacemos fe de que el presidente no se percató del no pago de contribuciones adecuadas, entonces es obvio que va a querer reparar el error. Porque él seguro sabe que la primera autoridad debiera ser la primera en dar el ejemplo.
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