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Durante esta semana se dio a conocer la demanda en contra del candidato presidencial Franco Parisi, por $200 millones por el no pago de las pensiones y, que además, pesaría sobre él una orden de arraigo.

Este caso reabrió la discusión sobre los deudores de pagos de pensiones alimenticias. Actualmente en el Congreso se encuentra en tramitación la ley corta que facilita el cobro de estas.

Para profundizar en este tema, CNN Chile conversó con la jueza del Tercer Juzgado de Familia, Gloria Negroni, la cual primero explicó la situación legal que implica un caso como el que correspondería al candidato Parisi.

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“En una causa por pensión alimenticia donde se constata que hay una deuda, existen varias formas de solicitar el cumplimiento de esta, y una es solicitar el arraigo nacional, como las órdenes de arresto nocturnos o de día completo, la retención de la licencia de conducir y la retención de la devolución de impuestos de Tesorería”, afirmó.

Respecto al proyecto de ley, la magistrada anticipó que lo más importante es la creación el registro único nacional de deudores.

“Esta ley crea el registro único nacional de deudores de pensiones alimenticias que facilita el cobro ejecutivo de pago de las pensiones de alimentos y hace que el procedimiento sea mucho más simple. Con este podría perseguirse rápidamente a los deudores, incluso, través de un control de tránsito donde se detecte que la persona esté en el registro, y habría muchísimas menos posibilidades de evadir este cobro a través de un ocultamiento de la persona, que muchas veces es lo que ocurre”, aseguró.

Negroni también afirmó que se encuentra bastante optimista con este proyecto, y que es necesario que este cambio de mentalidad esté acompañado de una ley robusta.

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“Creemos que todo lo que ha ocurrido, a partir de la suma de los casi 418 mil millones de pesos en las retenciones de pensiones alimenticias a través de los retiros, da cuenta de un cambio de paradigma y de conciencia que hay que hacer. Y también de cultura de la responsabilidad, respecto de obligaciones que no son de carácter comercial, si no una obligación entre padres e hijos. Es una obligación moral y legal, y este cambio cultural tiene que ser avalado con un proyecto robusto que permite hacer efectivo este derecho fundamental”, anticipó.

Por último, para la magistrada esta situación demuestra una falta de equidad de género, pero que esta ley presenta algunos cambios para mejorar las sanciones.

“Acarrea en muchos casos una falta de equidad de género evidente. Tenemos que la mayoría de los deudores de pensiones alimenticias son varones. Y en definitiva involucra una forma de control económico sobre la mujer. Por eso se está incluyendo en el proyecto una tipificación del no pago de estas pensiones, haciéndolo similar al delito del maltrato habitual en violencia intrafamiliar, es decir, no solo se incorpora sanciones respecto al tema patrimonial, si no también considerándolo como violencia económica. Por eso es un asunto de equidad de género“, concluyó.

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