En entrevista con CNN Chile Radio, el abogado Ramón Sepúlveda explicó que la situación sería distinta si es que se "presentara la acusación y estuviéramos en el marco de un juicio oral. Ahí habría un ámbito distinto, hoy día no existe y, por lo tanto, él efectivamente puede desarrollar cualquier tipo de actividad en el marco de su vida personal".
Este lunes, el 3° Juzgado de Garantía de Santiago modificó la medida cautelar que pesaba sobre Daniel Jadue, pasando de arresto domiciliario total a arresto domiciliario nocturno.
Tras nueve meses con arresto domiciliario total, el otrora alcalde podrá “hacer su vida normal, laboral, profesional y personal libre durante el día”, comentó en CNN Chile Radio su abogado defensor, Ramón Sepúlveda.
El defensor señaló que la fiscalía tiene un plazo para apelar, pero que, a su parecer, no debería hacerlo porque “la decisión de ayer fue contundente, rotunda y con argumentos que no solo informan esta causa, sino que informan el sistema procesal penal chileno en general”.
“Lo que ayer ocurrió fue que efectivamente nosotros demostramos al tribunal que la media cautelar era excesiva, injustificada, desproporcionada, que no había ningún fundamento que permitiera efectivamente sostener una media cautelar de tener a una persona encerrada en su domicilio, distinto a lo que podría ocurrir con otras causas respecto a la prisión preventiva. La prisión preventiva tiene como objetivo que una persona no esté en libertad porque puede cometer nuevos delitos”, remarcó.
En esa línea, dijo que la magistrada resolvió que “esto sería una pena anticipada”, ya que se seguía manteniendo a una persona privada de libertad, pero “incluso desde un teléfono podría hacer cualquier gestión que se le imputa por estar libre”.
Consultado sobre si hay algún impedimento legal para que realice campaña parlamentaria, por ejemplo, en esta etapa de la investigación judicial o si la indagatoria avanzara y se llegara a juicio oral, el abogado respondió: “En este momento no tiene absolutamente ningún impedimento”.
“Yo difiero de aquellas personas que dicen que dedicarse a la política no es trabajar, yo creo que la política también es un trabajo y, por lo tanto, si él es candidato, si él efectivamente tiene que hacer alguna actividad política, él tiene que desarrollarse laboralmente”, afirmó.
Y añadió: “Él específicamente tiene un contrato hoy día en el ámbito de la arquitectura, eso va a ser su sustento económico, pero si él quiere tener alguna actividad política, comparecer a alguna situación, ir a alguna actividad que tenga su partido, él puede hacerlo sin ningún problema, no soy yo quien tiene que opinar del aspecto político, pero efectivamente la política también es un trabajo y él no tiene impedimento legal hoy día”.
Sepúlveda explicó que la situación sería distinta si es que se “presentara la acusación y estuviéramos en el marco de un juicio oral. Ahí habría un ámbito distinto, hoy día no existe y, por lo tanto, él efectivamente puede desarrollar cualquier tipo de actividad en el marco de su vida personal”.
Por otro lado, en relación con dichos desde el PC sobre persecución política, el abogado aseveró: “Yo no puedo acusar a la Fiscalía o al Consejo Fiscal del Estado de tener una persecución política, conozco a la fiscal, conozco a los querellantes, no es algo que yo pueda decirlo, pero lo que sí yo puedo decir que se constatan en esta investigación cuestiones que uno no ve en otras causas”.
Y profundizó señalando que esta es una causa, por ejemplo, donde se pretende mantener en prisión preventiva, y luego en arresto domiciliario total, a un imputado que “no tiene un peso en su bolsillo. Es una persona que no tenía ni siquiera la administración de la Asociación de Farmacias Populares, una persona que desde el cargo de alcalde buscó efectivamente solucionar el problema de los vecinos de Recoleta y otras comunas y efectivamente se le acusa de un fraude millonario que no existe”.
“Hay una diferencia con cuando se trata de una causa donde una persona pública o un político o una persona que tiene el cargo de funcionario público se queda con dinero a una persona que tiene una administración. Acá lo que creemos es que hay un cuestionamiento del modelo de la Asociación de Farmacias Populares, de las farmacias populares y todo eso se persigue a una persona con tanta fuerza que no tiene un peso en su bolsillo”, argumentó.
Y cerró diciendo que “es algo que llama mucho la atención. Llama mucho la atención que previo a la inscripción de las candidaturas de diputados, la Fiscalía en una audiencia diga que tiene la acusación lista con un sinnúmero de diligencias pendientes, sabiendo que efectivamente eso lo podría inhabilitar”.