Una serie de cacerolazos, marchas improvisadas y barricadas hicieron que el jueves 4 de agosto de 2011 pasara a la historia. La demanda de los estudiantes de una educación pública, gratuita y de calidad, con el antecedente de la “Revolución pingüina” de 2006, había tomado la fuerza necesaria para marcar las movilizaciones sociales de una nueva década.
Múltiples paros y tomas ya se habían registrado durante julio. La principal consigna se levantaba contra el lucro en la educación producto del modelo económico instalado en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Para ese jueves la convocatoria era a las 10 horas en Plaza Italia, pero lo que sería sólo una marcha nacional cambió de tono ante la negativa del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, a conceder el permiso.
La aprobación del primer gobierno de Sebastián Piñera ya era baja: el mandatario contaba con apenas 26% en la encuesta CEP. Ese día el entonces ministro vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, decía que “los estudiantes no son dueños de este país” como argumento para no dejarlos marchar por la Alameda. Sin embargo, los jóvenes hicieron caso omiso de las señales de La Moneda y se tomaron las calles desde temprano.
La represión policial se hizo sentir a primera hora con más de mil efectivos de Carabineros desplegados en el centro de Santiago. Más tarde, la entonces presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) y actual diputada del Partido Comunista (PC), Camila Vallejo, acusaba a Hinzpeter de responder con violencia, represión, amenazas y “coartando libertades constitucionales”.
En respuesta a la dura represión de Carabineros en las calles, todo el país salió a la calle a cacerolear. La convocatoria fue hecha por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y los secundarios y la reacción de los ciudadanos fue inédita: las ollas sonaban en varias ciudades de Chile por primera vez desde el retorno a la democracia.
Las barricadas y los enfrentamientos se extendieron hasta la madrugada del 5 de agosto. Como resultado de esa violenta jornada, más de 800 personas resultaron detenidas.
Las reacciones, sin embargo, no se limitaron al territorio nacional. Medios como El País rescataban lo sucedido en Chile. “Estudiantes chilenos desafían al Gobierno y salen a la calle a protestar”, titulaba el medio español.
Dos días después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaba su preocupación por la violencia policial implementada para reprimir las protestas en Chile: “La Comisión reitera su preocupación por los graves acontecimientos llevados a cabo el día 4 de agosto, e insta al Estado chileno a adoptar las medidas necesarias para asegurar el pleno respeto por los derechos a la libertad de expresión, a la reunión y a la manifestación”.
El presidente Piñera, por su parte, reaccionaría tras varias protestas estudiantiles y el 26 de agosto de ese año llamaría a los estudiantes a una mesa de diálogo en La Moneda. “Eso es lo que la inmensa mayoría de los chilenos espera y exige de nosotros”, señalaba el jefe de Estado, respondiendo así a su primer estallido social de la década.
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