Por Paz Arancibia

Fue uno de los primeros expertos en salud pública en emplazar al gobierno por la gestión de la pandemia del COVID-19 y desde marzo de 2020 ha irrumpido como un referente dada su experticia en este ámbito.

Se trata de Gonzalo Bacigalupe (62), psicólogo y master en Salud Pública de Harvard, quien dice que su trayectoria en salud fue una de las motivaciones para presentar de forma independiente, pero con un cupo de la FRVS, su candidatura a constituyente por el distrito 9, que comprende las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.

Afirma que tiene historia en el D9, y que le pidieron que fuera candidato por su trabajo territorial en distintas comunas de la zona, relacionado a su labor en el Centro de Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN).

“Necesitamos una Constitución que sea escrita por todos, por las grandes mayorías, que no sea nuevamente escrita por la élite. La que tenemos es, en mi perspectiva, ilegítima y no representa a las grandes mayorías”, sentenció en conversación con CNN Chile.

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Salud como bien común

Una de las banderas de lucha que levantará de ser elegido convencional será el reconocimiento de la salud como un derecho en la Carta Magna.

“Es fundamental para mí que la salud sea un bien común, pero para eso, necesitamos un Estado que sea garante de una serie de derechos que permiten que efectivamente podamos tener salud”, indicó.

“Para poder tener salud no basta con que sea de calidad, gratuita y de acceso universal, sino que además necesitamos que las personas tengan un buen vivir, que puedan tener una vivienda digna, que puedan tener una buena educación, que tengan un ingreso mínimo básico que les de dignidad”, explicó.

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Además de los derechos a la vivienda y la educación, enfatizó en la necesidad de garantizar los derechos de la naturaleza: “Creo que debemos no sólo usar los recursos naturales para el bienestar humano, sino que repensar la naturaleza con sus propios derechos”.

Por otro lado, expuso que quisiera incluir en la Constitución el derecho no sólo a la seguridad ciudadana, sino también a la social.

La desigualdad de la pandemia

Aunque ha pasado grandes periodos de su vida en Estados Unidos, se encuentra en Chile desde el 2015 y ha pasado toda la pandemia en el país. Eso lo llevó a intervenir en el debate científico, para entender y combatir la crisis sanitaria. Conformó “El grupo de los 40”, un conjunto de expertos que apunta a la transparencia de los datos.

“Proponíamos que es mejor hacer políticas basadas en evidencia científica y establecer un diálogo entre investigadores y el gobierno. Decidimos escribir dos cartas con recomendaciones dirigidas al presidente, que nunca fueron contestadas, pidiendo colaborar”, relató.

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Actualmente, Bacigalupe es parte de otro grupo que trabaja con datos sobre la pandemia, el Grupo COVID-19 Chile, que ofrece una vocería semanal en que se informa a la ciudadanía respecto a lo que ocurre en el país.

Respecto a la gestión de la crisis sanitaria, sostuvo que aunque la logística del proceso de vacunación ha sido buena, “se han generado muchas expectativas” y aún hay altos índices de contagio. Mientras, sobre las medidas sanitarias y políticas públicas, piensa que se determinan desde una perspectiva de centralización.

“La pandemia, la mortalidad y la vacunación es desigual. 14 meses después, todavía se piensa en las medidas alrededor de lo que sucede en el distrito 11 y parte del distrito 10, con una visión muy desde el privilegio y ese ha sido el problema”, expresó.

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En ese sentido, señaló que “uno de los grandes problemas en Chile es la centralización del poder. El control de la pandemia no tiene que ver con una postura ideológica del gobierno, sino de cómo estamos estructurados como país, entonces en la nueva Constitución va a ser muy bueno el descentralizar, plurinacionalizar, que las decisiones se puedan hacer en función de los territorios específicos. Va a ser muy importante empezar a pensar el país más allá de Santiago”.

“Chile es un país muy autoritario, en el cual las personas y comunidades no tienen derecho a decidir qué sucede en sus territorios. Necesitamos constitucionalizar el poder de las personas y organizaciones, el poder popular”, cerró.

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