Hoy hemos tenido dos perfectos ejemplos de cómo no debe entenderse el rol de autoridad pública.
“Si al Servicio Jesuita Migrante no le gusta la forma de expulsión, que se guarde su opinión”, dijo Rodrigo Ubilla. Inaceptable. Nadie puede mandar a callar a otra persona que hace una crítica respetuosa. Eso es no captar la importancia de la libertad de expresión y que hay que fomentar y no acallar el debate de ideas porque fortalece la democracia.
Y luego Javiera Blanco. Que en una declaración escrita confirma los hechos del reportaje de CNN Chile, revelado ayer en Marca Registrada, sobre cambios en las cifras de fallecidos a cargo del Sename, pero niega que haya habido manipulación. Lo dice hoy, porque se negó a hablar para el reportaje. Y se sigue negando a recibir preguntas. Luego envía un audio de WhatsApp a los medios reiterando su versión.
Eso es inapropiado. Los ciudadanos merecen que una ex y actual funcionaria pública responda de veras por una denuncia grave.
Mal Ubilla que no pidió disculpas, pero al menos asumió que mandar a callar a un ciudadano era desafortunado. Peor incluso Blanco.
Entender bien su rol, implica que todo funcionario público fomente el debate, acepte críticas, dé la cara y comprenda que el estándar mínimo implica ser interpelados y contestar preguntas. Porque se deben a los ciudadanos.
Lo ha dicho la Corte Interamericana de DD.HH.: que la autoridad está obligada al escrutinio público y no sólo al control de otras autoridades. Y que la democracia requiere de la libre expresión y libertad de información. Son estos principios los que Ubilla y Blanco desconocieron hoy.
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