En Argentina les llaman ñoquis, por la tradición trasandina de comer esa pasta el día 29 de ese mes. Entonces, dicen que esos empleados fantasma solo aparecen en su trabajo el 29, el día del cobro, y cheque en mano, desaparecen el resto del mes.
En Chile, les llamamos operadores políticos. Militantes de partidos, gente que hace el trabajo duro de la campaña y que, cuando ganan, reclama el derecho a obtener alguna posición en el gobierno.
Da lo mismo que no sean expertos en el tema o que hagan la pega más o menos nomás, o no la hagan en lo absoluto. Lo importante es que reciben buenos cargos con sueldos muy encima del mercado para garantizar su lealtad hasta la próxima elección.
Los efectos son nocivos: no sólo se malgasta plata pública. También se engorda un Estado burocrático e ineficiente, que no es capaz de solucionar urgencias sociales en temas tan graves como el que hoy nos preocupa: la seguridad ciudadana.
Todos los políticos dicen lo mismo: que los operadores existen, pero cuando gobierna la coalición del lado. Todos los candidatos prometen barrer con los operadores políticos, y en cierto modo, lo hacen: sacan a los que están para hacer espacio para los propios.
Y es que la triste realidad es que los operadores son útiles para mantener un ejército de base, contentar a los partidos y negociar con los parlamentarios. Por eso, más que confiar en las promesas de los candidatos que dicen que acabarán con los operadores, lo que hay que hacer es generar mecanismos de control externos.
Empoderar la Alta Dirección Pública y darle más recursos para fiscalizar a la Contraloría son algunas de las vías para evitar este desangre de recursos públicos. Porque a los ñoquis de la política es muy difícil eliminarlos, pero al menos hay que intentar frenar su crecimiento a costa de los bolsillos de todos nosotros.
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